La Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local aprobó por unanimidad la iniciativa para la primera ley en el país sobre intervención de personas indígenas en procesos contenciosos, con la que brindarán mayor protección a este sector con la asistencia de un intérprete de lenguas en procesos penales.
El presidente de la Comisión, Rosendo Anaya Aguilar, detalló que actualmente el estado carece de intérpretes: únicamente existen 16 certificados en todo el país.
“Con esta iniciativa tendríamos la primera ley en todo el país. No hay ninguna ley en todo el país que contemple los puntos que estamos abarcando, procesos en lo penal, administrativo, lo civil, lo laboral y de justicia para adolescentes. Es importante que tengamos respaldo de intérpretes en cada uno de los procesos. Es una iniciativa que tiene como finalidad dar certeza a todas aquellas personas que estén en algún proceso contencioso”, declaró.
El panista reveló que 14% de la población del país es indígena y 15 millones de mexicanos declaran pertenecer a este grupo poblacional. Los estados con mayor número son Oaxaca y Chiapas, que superan cada uno el millón: “15.7 millones de personas se consideran indígenas, 6.6 millones son hablantes de lengua indígena, 9.1 millones se describieron indígenas, pero no hablan la lengua. La lengua que más se habla es el náhuatl, con un millón y medio. Del otomí, que predomina en Querétaro, tenemos cerca de 300 mil hablantes en todo el país”, dijo Anaya.
Alejandro Bocanegra Montes y Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, integrantes de la comisión, comentaron que dicha iniciativa se creó a partir de las aportaciones de la Procuración General de Justicia del Estado (PGJ), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Actualmente, en el estado hay 36 casos en proceso en donde están involucrados indígenas; los hechos más recurrentes son robo, violencia y violación. En Querétaro existen 282 comunidades con 76 mil indígenas de los cuales 25 mil requieren de apoyo de intérpretes.
Los legisladores esperan que la iniciativa sea aprobada en el pleno del Congreso local para obligar a las autoridades a tomar las medidas necesarias y crear un padrón público de intérpretes cualificados, para conocer quiénes pueden asesorar en los juicios de distintas etnias.
En este sentido, los diputados queretanos coincidieron en el respeto y valor a las distintas culturas e ideologías y en la importancia de garantizar sus derechos humanos.
Por último, Felipe de Jesús Ruíz, representante de la CDI, se congratuló de la iniciativa que marcará a Querétaro como ejemplo nacional al atender a un sector vulnerable y disminuir la deficiencia que pueda existir en la procuración de justicia.
De aprobarse la ley, el Instituto Electoral de Querétaro, la PGJ, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Superior de Justicia estarán obligados a dar cumplimiento en los diferentes ámbitos de su competencia con esta disposición.