La aplicación y asignación del recurso para la operación del Sistema Estatal Anticorrupción es un asunto técnico, más que político, advirtió Eric Salas González, diputado presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la 58 Legislatura en el estado, al reconocer que hasta el momento “ni los que van a operar el sistema” conocen las tareas del mismo.
Al ser cuestionado sobre las exigencias por parte del Observatorio Ciudadano y organismos empresariales como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (Fecapeq) para darle seguimiento al presupuesto que se asignará a su funcionamiento, el diputado encargado de la Comisión de Planeación y Presupuesto, afirmó que la aplicación del recurso estará garantizada por las normativas vigentes como la ley de disciplina financiera y la ley de contabilidad gubernamental.
En este sentido, argumentó que “no hay que preocuparse” respecto a los 25 y 30 millones de pesos que se utilizarán para el funcionamiento del SEA, además de que no es necesario realizar ninguna otra fórmula para garantizar la transparencia en la aplicación del recurso.
“Hay que recordar que la aplicación o la asignación del recurso es un aspecto técnico, más que político, porque ni los que van a operar el sistema saben cuál van a ser las tareas y las funciones que van a realizar. Hasta ahorita es un periodo de transición, podrá faltar, podrá sobrar, tal vez, lo sabremos hasta el siguiente año.
“Es una decisión meramente técnica, financiera y dependiendo de las actividades de este año el siguiente ya tendremos la seguridad cuánto se deben de gastar (…) No hay que preocuparse ahí, el presupuesto que se va a aprobar por parte de nosotros se va a ejercer de manera autónoma”, advirtió.
De acuerdo con Salas González, los interesados en participar en la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, como el Observatorio Ciudadano, tendrían que conocer cómo va a quedar su operatividad, la cual reiteró, sólo será posible saber a profundidad hasta julio, cuando llegue la fecha límite para su implementación.
El diputado recordó que el recurso (alrededor de 30 millones de pesos) está previsto para destinarse en los gastos de nómina, infraestructura y equipamiento. En este sentido, Salas González al ser cuestionado sobre la cantidad que se utilizará para el pago de la nómina y el salario del fiscal anticorrupción, indicó que el encargado de designar esto será el Comité Técnico de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
No obstante, en la última sesión de pleno los diputados aprobaron reducir los miembros de dicho Comité Técnico de 15 a 5 personas, lo que disminuyó la participación de organismos autónomos, representantes de sectores industriales y de la propia Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
“(El salario del fiscal) no lo sé, no tengo ahorita los elementos para poder definir, pero debe ser el salario justo, de tal manera que pueda realizar sus actividades correctamente (…) todavía no sabemos las responsabilidades que van a tener; todavía falta determinar varias cuestiones administrativas de tal manera para poderlo definir; pero quien lo va a tener que hacer, la propuesta real, es que todo el sistema estatal (se defina) a través de los nuevos órganos que estamos conformando”, agregó.
Inconformidad. Posterior a la aprobación de las leyes secundarias que incluyen la creación de la Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción, el Observatorio Ciudadano manifestó su inconformidad sobre los dictámenes avalados por la Legislatura, ya que figuras como el Comité de Participación Ciudadana quedan como organismos “sin dientes”.
Además, en conjunto con representantes de universidades, propusieron que ante la falta de garantía de autonomía, se le de seguimiento a los procesos de selección de figuras como el fiscal anticorrupción y el secretario ejecutivo, para evitar que su designación responda a criterios políticos.