El 90% de los casos que se litigan en el ámbito penal son atendidos por la Defensoría Pública del estado, informó Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno; el resto de los acusados acuden a la contratación de abogados particulares.
Explicó que, en los procesos iniciales, 98% de los acusados acuden al derecho de defensoría pública, y durante el desahogo del caso baja a 95%.
“La defensoría pública trae, prácticamente, al inicio en las fiscalías cerca de 98%, ya en las primeras etapas del procedimiento judicial alrededor de 95%, y están terminando en audiencia final o en las audiencias de juicio alrededor de 90%; sostenidamente en todas las etapas del procedimiento el Instituto de la Defensoría Penal Pública lleva como mínimo 90% de los casos”.
Actualmente la institución cuenta con 60 abogados que atienden los últimos casos del antiguo sistema penal, y también se encargan de los procesos del sistema de justicia penal acusatorio (oral).
“Por lógica cada día están creciendo los procedimientos, dentro de una visión y una planeación perfectamente controlable”, expresó el funcionario, quien recordó que cuentan con el respaldo de los primeros seis abogados subrogados, en caso de necesitar más atención.
Respecto de la defensoría subrogada, recordó que se materializó para cumplir con estándares internacionales que requieren de personal suficiente para atender el derecho de los acusados a contar con defensa jurídica gratuita.
“En estos momentos el número de defensores públicos es suficiente para cumplir con la demanda, sin embargo, el estado tiene la obligación, en términos de las recomendaciones internacionales, de fomentar que los profesionistas del derecho y más los dedicados al derecho penal, tengan las capacidades necesarias para defender a sus clientes”.
Para continuar con el proceso de subrogación, hay un segundo grupo de abogados en capacitación, quienes al final se someterán a una serie de evaluaciones.
Esto implica, dijo, que haya abogados letrados con conocimiento de la técnica de la litigación oral, y los conocimientos profundos que requiere “una defensa de calidad para cualquier persona que está acusada de un delito”, señaló.