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Cerca de 12 ejidatarios de San Pedro Mártir presentarán denuncia contra el ex gobernador José Calzada Rovirosa y el anterior alcalde, Roberto Loyola Vera, por diversas violaciones a la ley federal en materia agraria; aseguran que fueron despojados de sus tierras sin que las autoridades actuaran, a pesar de tener conocimiento.
La denuncia en contra de Calzada Rovirosa se debe a que desde diciembre de 2011 se le notificó que los títulos de regularización entregados ese año eran ilegales, ya que los beneficiarios habían invadido los terrenos de los ejidatarios, aseguró Armando Rivera Reséndiz, presidente de la Central Estatal Obrera Campesina del Centro (CEOCC) y representante de los afectados.
“Vamos a pedir una entrevista y el apoyo del gobierno del estado, no podemos ir solos, necesitamos que alguien nos apoye y no encontramos a nadie. Por eso la hemos presentado hasta ahorita, porque siguen los atropellos y el gobierno no sabe, queremos que sepa, que el pueblo sepa”, dijo.
Indicó que el ex gobernador ignoró 15 sentencias del Tribunal Unitario Agrario del distrito 42, que resolvían a favor de los 12 ejidatarios, y denuncias penales en contra de los invasores, originarios de Guanajuato.
Las denuncias que se interpondrán incluyen al ex secretario de gobierno, Jorge López Portillo Tostado, quien en 2013 fue notificado de la problemática e hizo caso omiso; al ex delegado del Registro Agrario Nacional, Adolfo Contreras Roy, y diversos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), por no atender las peticiones.
A Roberto Loyola Vera se le acusa de apoyar la realización de obras, durante 2014, dentro de las 50 hectáreas de terreno que se encuentran en litigio, aunque ya tenía conocimiento de los procesos legales, aseguró.
“Nosotros hemos tratado de resolver, pero ellos meten las manos todavía, siguen despojando a los auténticos ejidatarios”, sostuvo.
Denunció que la Sedatu se ha negado a entregar una copia de la resolución del Registro Agrario Nacional en la asamblea del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar, a pesar de que el IFAI ordenó que se entregue una copia a ejidatarios.
Rivera Reséndiz explicó que en dicha sesión, realizada en 2011, se aprobó que: no existieron licitaciones; la regularización no fue un programa social; se adjudicó a la empresa Soluciones Inmobiliarias Vargas y los socios se incorporaron a la administración de José Calzada; se entregaron lotes a invasores y despojaron a los propietarios; participaron funcionarios de los tres niveles de gobierno.
