Hasta el momento se han presentado 345 quejas en contra de servidores públicos del gobierno estatal, de las cuales, 213 se han recibido a través del buzón electrónico de denuncias, 28 a través de la aplicación para teléfonos móviles denominada: Denuncia la Corrupción Querétaro y el resto en los buzones tradicionales que están colocados en todas las dependencias públicas, indicó el contralor estatal Alejandro López Franco.
Detalló que las 213 quejas que se han recibido en el buzón electrónico son de abril a septiembre del presente año, mientras que las 28 que se obtuvieron por la aplicación móvil son del 21 de junio a la fecha.
Demora en trámites. Fuentes de la contraloría estatal detallaron que 90% de las quejas que han emitido los ciudadanos se debe a la tardanza en diversos trámites burocráticos y porque el ciudadano percibe un trato inadecuado por parte de los servidores públicos.
Otro 5% de las quejas son por diversos actos de corrupción y el otro 5% por asuntos diversos que en su mayoría no proceden.
Las áreas que más presentan quejas son las de: salud, educación y seguridad pública.
El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar los distintos medios que existen para denunciar cualquier acto de corrupción o irregularidad que detecten en cualquier dependencia gubernamental del estado.
En este sentido resaltó que dicha aplicación para teléfonos móviles —la cual está disponible para teléfonos con sistemas operativos iOS y Android— es única en el país, la cual ofrece la posibilidad de subir imágenes, audio o incluso video, para denunciar cualquier acto u omisión de los servidores públicos estatales, de acuerdo al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro.
“Quiero hacer la invitación a la ciudadanía para que bajen la aplicación a sus teléfonos. Querétaro es el único estado que la tiene en el país y sin duda nos va a obligar a darle seguimiento a todas sus denuncias”, indicó.
Explicó que una de las funciones de la Secretaría de la Contraloría es ser un órgano interno de control y un auto regulador del propio gobierno del estado en todas sus dependencias que además, gracias a la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tiene la obligación de atender cualquier denuncia y en caso de no hacerlo podrían tener consecuencias administrativas o penales.
“En caso de que no cumpliéramos con esa obligación, no diéramos seguimiento a una denuncia o el resultado de una auditoría lo ignoráramos, seguramente nos estarían estableciendo responsabilidades en las próximas administraciones; entonces tenemos que cumplir con nuestra obligación, que además es el mandato que nos ha dado el gobernador desde el primer día”.
Aseguró que uno de los objetivos de esta administración es combatir la corrupción, la cual, de acuerdo a estudios nacionales e internacionales provoca problemas económicos, políticos y sociales.