Pinal de Amoles y San Juan del Río encabezan la lista de municipios que arrastran, desde el año 2006, adeudos por 26 millones de pesos por empleados despedidos con los que han llegado a firmar convenios.
El magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, Salvador Rojas Paredes, informó que Pinal de Amoles tiene 10 procedimientos incumplidos.
En ese sentido, dijo el magistrado, San Juan del Río tiene expedientes por incumplimiento de obligaciones para todos sus trabajadores por la actividad colectiva de trabajo que corresponde a los sindicatos.
“Estos dos municipios vienen arrastrando incumplimientos en cuestiones laborales desde 2006 a la fecha y se ha venido trabajando con ellos. Se ha tendido el puente necesario para acordar la forma en que pudieran salir de esa situación, buscando una fórmula que resuelva esta situación que a nadie conviene que se siga registrando”, explicó.
Comentó que este tipo de situaciones se ha convertido en una bola de nieve para las administraciones, pues al no cumplir con el pago convenido, los municipios siguen generando salarios caídos por no terminar el trato con la fecha en que se resolvió el expediente o en la que pactó alguna cantidad, sino que por el contrario siguen derivando responsabilidad económica que afecta su presupuesto.
Al detectar que un municipio está teniendo un incumplimiento de convenio laboral, el tribunal tiene la obligación de aplicar el procedimiento de ejecución que debe ser promovido por el propio trabajador y que deriva de un requerimiento de pago a la Tesorería del ayuntamiento.
Además de que se aplican multas de ocho días de salario mínimo en principio, las cuales van duplicándose en caso de reincidencia e incluso se procede a dar vista a la Contraloría del estado y al Congreso local para que aplique una sanción por no cumplir la resolución del tribunal.
Si se detecta incumplimiento, además de multar al municipio, la situación puede derivar en fincar alguna responsabilidad a los representantes del ayuntamiento, es decir a los encargados de llevar a cabo la aplicación presupuestal, pero es algo que no se ha llevado a cabo.
“La ley de los trabajadores del estado de Querétaro prevé que pueda haber una responsabilidad; sin embargo, hasta la fecha no se ha podido configurar este ejercicio, pero por el tribunal está insistiendo que sí se haga para evitar que existan estas situaciones que afectan al empleado y al patrimonio o presupuesto de los ayuntamientos” manifestó.
Las dependencias encargadas o que deberían de aplicar este tipo de sanciones son la Contraloría estatal con la intervención de la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE) y el Congreso local, pues estas prácticas pueden considerarse como desacato a una resolución jurisdiccional.
“Estamos en esa encomienda de determinar cómo podemos hacer para que no se sigua registrando esa situación de incumplimiento que para todo estado de derecho es muy difícil sostener o estar contemplando nada más. Estamos obligados a buscar soluciones para que no siga registrándose un propósito de incumplimiento que, hoy, da tache al estado de derecho y que por lo mismo es recurrente que se practique”, puntualizó.
