Organizaciones de Querétaro preparan una queja por discriminación por preferencia sexual contra diputados del Congreso de la Unión que votaron en contra de la iniciativa presidencial de matrimonio igualitario.
El Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, que se conforma por más de 10 agrupaciones defensoras de derechos humanos, sostuvo que los legisladores violentaron el artículo 1 constitucional, que prohíbe la no discriminación por preferencia sexual en México.
La queja por discriminación a causa de la preferencia sexual de las personas se presentará en los próximos días ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En un comunicado, precisaron que la queja será en contra de los diputados Mirna Saldívar (Nueva Alianza), Armando Luna (PRI), Lorena Corona (PVEM), Sofía Tamay (PRI), Yulma Rocha (PRI), Edith Martínez (PES), Santiago Taboada (PAN), Apolinar Casillas (PAN), Aguilar Yunes (PRI), Braulio Guerra (PRI), Hernán Cortés (PAN), Javier Neblina (PAN), Karina Padilla (PAN), Bárbara Botello (PRI), Cándido Ochoa (PVEM), Rosa Alicia Piñones (PVEM), Mariana Benítez (PRI), Ulises Ramírez (PAN) y Edgar Castillo (PRI).
“Cuando la Comisión de Puntos Constitucionales del H. Congreso de la Unión rechazó la iniciativa presidencial de matrimonio igualitario, discriminaron a las parejas del mismo sexo ignorando los principios constitucionales de igualdad; los estándares internacionales de derechos humanos; la jurisprudencia (1ª./J.46/2015) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se sostiene que no existe razón de índole constitucional para que el matrimonio por personas del mismo sexo no sea reconocido”, subrayó el comunicado de las organizaciones.
Asimismo, destacaron que se ignoró la recomendación general 23/2015, que emitió La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el mismo sentido, dirigida a los Titulares de los poderes Ejecutivos y a los Órganos Legislativos de todas las entidades federativas del país, con el fin de que adecuen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar para permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación, en términos del quinto párrafo del artículo 1 de la Constitución General de la República.