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En el estado de Querétaro se cuenta con el recurso suficiente para la construcción de salas de juicios a fin de transitar al sistema de justicia penal acusatorio, afirmó el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado.
Para este año se estarán destinando 235 millones para empezar con la primera etapa, y que implica la habilitación de espacios ya existentes y de algunos otros nuevos.
“Son 235 millones en esta primera etapa, de acuerdo con el plan que se elaboró (…) es inversión federal, naturalmente con el apoyo de gobierno del estado, a parte la responsabilidad es de orden federal; está presupuestado, están las cifras, tenemos un programa perfectamente diseñado”, aseguró.
Recordó que la obligación de dotar dinero para esta transición es de la Federación, que conjuntamente a recursos del estado podrá darle paso a la implementación del nuevo sistema para la jurisdicción de San Juan del Río y Amealco.
Del tema, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Septién Olivares, recordó que el presupuesto destinado para el Poder Judicial fue mínimo, pese a ello existe el compromiso de “sacar adelante” los compromisos.
Todo el nuevo sistema de justicia será aplicable, primeramente para cinco municipios que comprende la región de San Juan del Río y Amealco y además de las zonas de Tequisquiapan, Huimilpan y Pedro Escobedo.
Una segunda fase arrancará en septiembre de 2014, que incorpora a los municipios de la zona serrana y el semidesierto: Jalpan, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, San Joaquín, Peñamiller, Tolimán, Colón, Cadereyta y Ezequiel Montes.
Por último tendrá vigencia en 2015 en los municipios de la zona metropolitana: Querétaro, El Marqués y Corregidora. Se tiene garantía de que estos planes se llevarán conforme a lo planeado.
La entrada del nuevo sistema penal, implicaría para el Poder Judicial, la contratación de más personal, del que tendrán que asumir nómina y capacitación.
Legislación pendiente
Para poder concluir este proceso, desde el punto de vista legislativo, aún falta que el Congreso Local le dé trámite en el Pleno a una serie de leyes, que implica el último paro legal.
Se trata de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para la creación de figuras de jueces de control, jueces de juicio oral y jueces de ejecución y la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia.
Así como la Ley de Defensoría Pública, la nueva Ley de Justicia Penal Alternativa y la Ley de Protección a Víctimas, Ofendidos y Personas que intervienen en el Procedimiento Penal.
El trámite de estas iniciativas se prevé quede listo antes de que finalice el mes de enero, y sea parte de los temas pendientes a desahogar por el Congreso Local, y que dejó al menos 10 iniciativas en la lista de espera para ser “subidas” al Pleno.
