El gobernador José Calzada Rovirosa, habló con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, para analizar el caso de la Caja Popular 30 de Agosto y saber de qué manera actuará la federación entorno al supuesto fraude de esta sociedad de ahorro.

En entrevista, el gobernador dijo que hasta el momento, hay 250 denuncias presentadas ante el Ministerio Público, por las personas que se dijeron afectadas luego de que se diera a conocer la “quiebra” de dicha Caja Popular, ubicada en Santa Rosa Jáuregui.

“Entiendo que en cinco agencias del Ministerio Público se han levantado ya aproximadamente 250 denuncias contra esta Caja Popular. Nosotros estaremos atentos, en el transcurso del día de hoy (miércoles) voy a hablar con el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (…) precisamente para garantizarles a estas personas que sus derechos estén salvaguardados”, dijo.

José Calzada recordó que el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, tiene la instrucción para atender la situación y de parte del estado se buscan los mecanismos para que las autoridades federales, que rigen las leyes de las sociedades financieras, determinen de qué forma se dará trámite legal al caso.

“Le he dado instrucciones al secretario de Gobierno para que esté atento (…) es una ley federal, yo entiendo que esta Caja de Ahorro tenía operando muchos años, tres décadas, 30 años, entonces no es nuevo, pero nosotros vamos a estar atendiendo a las personas”, aseguró.

Personas presentadas

Por este supuesto fraude hay ocho personas en calidad de presentados, es decir, que están requeridas para declarar y que dependiendo de su relación con el caso pudieran ser detenidos en las próximas horas, informó el procurador de Justicia en el estado, Arsenio Durán Becerra.

Agregó que están programadas para acudir a declarar en calidad de ofendidos, al menos 450 personas más. Afirmó que esta investigación se lleva de manera conjunta con la Procuraduría General de la República (PGR) toda vez que pudiera haber hechos constitutivos de delito del fuero federal.

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