Los diez diputados integrantes del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local, presentaron una iniciativa de ley, en la que se plantea que sea el gobernador del estado en turno, quien proponga al titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y a su vez sea ratificado por el Congreso local.
El presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, Juan Gerardo Sánchez, aseguró que esta iniciativa es una homologación u adecuación a lo que actualmente sucede a nivel federal, en donde el procurador es propuesto por el presidente y ratificado por la Cámara Baja.
“La propuesta de reforma que vamos a presentar, a través de los medios, estriba en dar una adición al artículo 17 de la Constitución Política de Querétaro, agregando una fracción 5, en la que se describa que son facultades de la Legislatura ratificar el nombramiento que el gobernador haga del procurador de Justicia. Además de una reforma al artículo 22, en donde se estipule que es facultad del gobernador proponer a un procurador de Justicia”, detalló.
Asimismo, el coordinador de la bancada priísta en el Congreso, Braulio Guerra Urbiola, aseguró que es necesario que Querétaro se adecúe a lo que hoy marca la Constitución Política de los Estados Unidos, en donde se estipula que a nivel federal el procurador es ratificado por un órgano de representación popular.
“Dentro de las facultades del gobernador, está el nombrar al procurador. Estamos adecuando un marco más democrático, para que el órgano de representación popular sea quien ratifique la propuesta. En ese sentido, Querétaro estará a la vanguardia de que el titular de esta dependencia, en la persecución del delito sea quien tenga la ratificación”, dijo.
Los diputados del PRI aseguraron que esta iniciativa difiere a la propuesta presentada la semana pasada por la fracción panista, quienes propusieron la eliminación de la PGJ para convertirla en una Fiscalía. Además que el procurador sea sugerido únicamente por el congreso local.
“Ellos proponen que sea el Congreso solamente el que proponga y vote al procurador. Es decir, que el Poder Ejecutivo no participe. Nosotros creemos que la conjunción de los poderes del estado da más eficacia y posibilidad de construcción democrática y sobretodo en un país donde el problema número uno es el de la seguridad y el combate al crimen organizado”, aseguró Guerra Urbiola.
Por último, ratificaron que el la fracción panista también se equivoca al señalar que hoy la aplicación de la ley está al “contentillo” del gobernador en turno.
“El Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios Públicos, elementan la procuración de la presunta ejecución de un delito”, señaló.