Luego de las reformas a la Ley de Movilidad aprobadas en la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso local, se pospuso seis meses la implementación obligatoria del taxímetro prevista para abril y se estableció la aplicación de descuentos en las multas de infracciones para los concesionarios del transporte público.
Respecto al taxímetro, la nueva fecha acordada para su implementación es el 1 de octubre de este año, se espera que los concesionarios ya cuenten con la tecnología y disposición para operar.
Otro de los cambios es que el medidor de tarifa será aplicable en los municipios de Corregidora, El Marqués y Querétaro y para el siguiente año se aplicará en la zona urbana de San Juan del Río y no en todo el estado como se planteaba en un primer momento.
Mientras que los descuentos se harán a infracciones que se consideren menores aplicando una reducción del 30% y un 50% adicional por pronto pago.
Respecto a los descuentos por pronto pago, la legislación establece que estos se realizarán en todo tipo de infracciones.
Las modificaciones son parte de las propuestas realizadas a las reformas por parte de los concesionarios y fueron aprobadas junto con la ampliación de la vida útil de los vehículos utilizados en las diferentes modalidades del transporte público.
La vida útil se prolongará hasta por cinco años más, si es que derivado de la revisión física y mecánica se comprueba que las condiciones de las unidades siguen siendo óptimas para el servicio.
También se aprobó el endurecimiento de las penas para el “pirataje” de transporte, en donde se acordaron multas de hasta mil 250 unidades de medida y actualización (UMAs) con el objetivo de disminuir el impacto que estas prácticas tienen en las utilidades para los que están conformados formalmente.
Otros de los beneficios solicitados por los concesionarios y otorgados por los legisladores es que se dará preferencia en los procesos de selección para otorgar concesiones a aquellos trabajadores que cuenten con más de 15 años de servicio a los usuarios.
El presidente de esta instancia legislativa, Antonio Zapata Guerrero, negó que las modificaciones respondan a intereses electorales, luego de los diversos beneficios para los concesionarios.
Aclaró que lo aprobado ya estaba pactado con anterioridad y no se aprobó por una coyuntura política.
“Se hizo la consulta, incluyendo el tema de desligar de procesos electorales la revisión de tarifas, en el mes de agosto se revisará, incluso si hubiera una inflación desbordante se haría de forma anual con el objetivo de quitarle el componente político”.
Insistió en que la aprobación fue resultado de un análisis realizado al interior de la comisión, para beneficio de concesionarios y usuarios.