El PRD queretano solicitará el apoyo de dependencias estatales y federales, como la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Hacienda, para verificar e investigar los antecedentes penales, patrimoniales y de cumplimiento de pago de impuestos de los aspirantes que busquen una candidatura en 2015.
Adolfo Camacho, líder estatal del partido, informó que una vez que se renueven los consejos municipales en este mes, el PRD estará listo para enfrentar el proceso electoral con sus 40 mil militantes, de los cuales saldrán los aspirantes para las distintas candidaturas.
Comentó que el próximo 30 de noviembre, en la sesión de consejo estatal del PRD, se determinará el método que se utilizará para la designación de candidatos, que de acuerdo con los estatutos, pueden ser tres posibilidades.
La primera es la candidatura única, la designación a través del consejo estatal y la consulta a la militancia, esto en relación a las candidaturas locales, ya que en las federales, será el Consejo Nacional el que designará el método.
Una vez que se elija el método y posteriormente a los candidatos, comentó Adolfo Camacho, estos se blindarán, con el objetivo de que sea gente probada, de buena fama pública, situaciones que se lograrán a partir de diferentes mecanismos que implementará el partido.
“Buscaremos el apoyo de instituciones del estado como la PGJ para la información de antecedentes penales, bienes, propiedades, etcétera”, señaló.
Agregó que buscarán el apoyo del Registro Público de la Propiedad, a fin de que proporcione información sobre los bienes que estén registrados a nombre de los candidatos, y en aquellos casos donde se encuentre una cantidad importante de bienes, se solicitará el apoyo de la Secretaría de Hacienda para determinar si estas fortunas son lícitas y si están al corriente en el pago sus impuestos.
“También en distritos y municipios se pedirán opiniones sobre los aspirantes, ya que en su zona de origen es donde más los conocen”, refirió.
Otro mecanismo a utilizar, añadió, es el antidoping, pero siempre en revisión de la cuestión legal, a fin de no atentar alguna norma violatoria de derechos humanos.