Una vez que concluyan las auditorías a ex servidores de la pasada administración municipal de Corregidora, será cuando la alcaldía solicite a la 57 Legislatura su aprobación para contratar un préstamo por 120 millones de pesos, para subsanar la deuda que dejó la administración de José Carmen Mendieta (2009-2012) y por lo cual ya se han interpuesto dos demandas penales.
Antonio Zapata Guerrero, edil de Corregidora, dijo que las auditorias concluirán en febrero próximo y a partir de ahí iniciarán con la aplicación de las sanciones correspondientes a ex funcionarios de la que calificó como “una de las peores administraciones de gobiernos de extracción priísta en la demarcación”.
Dijo que entre las áreas en que se han encontrado diversas anomalías se encuentran: Servicios Públicos, Secretaria del Ayuntamiento y en el área de Tesorería.
Zapata Guerrero dijo que al momento suman dos demandas penales en contra del ex alcalde Mendieta Olvera, por adelantar pagos de liquidaciones indebidas a funcionarios de su administración, como es el caso del ex secretario de Gobierno, Juan García Alcocer, quien se separó del cargo para contender por un cargo de elección popular en julio pasado.
“Mostró ante el Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) su renuncia al municipio, sin embargo su liquidación no corresponde a lo que por ley le tocaba, por lo que le estaremos pidiendo la devolución de la misma”, mencionó el munícipe.
Advirtió que contra el ex presidente municipal se está formulando interponer una tercera demanda penal por haber inflado la nómina con miembros de su familia.
“Estaba inflada con más de 80 familiares del ex presidente Mendieta y esa va a ser la siguiente demanda porque hay que resarcir esos recursos, él firmó las actas, tenemos los documentos en donde autoriza que ingresen sus parientes, cuando la ley prohíbe que puedan trabajar familiares del alcalde en el ayuntamiento, no sólo de línea directa, sino también de su conyugue”, explicó Zapata.
Manifestó que, a efecto de sanear las finanzas del municipio, de octubre a la fecha, se han dado de baja 258 plazas con la meta de llegar a las 300 y dijo que la intención de su administración es operar con una plantilla de mil 300 empleados, incluidos los de áreas descentralizadas.
Las 300 bajas le representarán al municipio un ahorro superior a los 10 millones de pesos anuales, que serán destinados a programas sociales o para nueva infraestructura, dijo.
En cuanto al empréstito, se están analizando opciones para ver qué institución bancaria ofrece mejores condiciones. La deuda se contratará para las cuatro próximas administraciones, toda vez que se tienen que contar con los recursos para cumplir los compromisos contraídos con la ciudadanía durante la campaña, entre ellos seguridad y obra pública.