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La Comisión de Puntos Constitucionales de la 58 Legislatura del estado aprobó, por unanimidad, la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral y que contemplan, entre otras cosas, la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Previo a la votación del citado documento, el diputado priísta Héctor Magaña Rentería expresó que se propone que la justicia laboral se imparta, en lo sucesivo, por órganos del Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales locales, desapareciendo en consecuencia las Juntas de Conciliación y Arbitraje dependientes del Poder Ejecutivo.
Además, se pretende instaurar una etapa conciliatoria, a fin de que los trabajadores soliciten su conflicto de intereses de manera amigable y previa al inicio del proceso, y que los nuevos órganos de justicia laboral se concentren únicamente en la atención a las tareas jurisdiccionales.
“Logrando, con ello, verdaderos beneficios para la clase trabajadora, pues sin duda alguna se atenderá un reclamo social de primer orden, frente a la innegable necesidad de modernizar el sistema de justicia laboral, para que cumpla con su verdadero propósito de cercanía, fácil acceso, objetividad, imparcialidad, eficiencia y que vele por los principios de certeza y seguridad jurídicas. Lo que significa que, sin duda alguna, esta reforma laboral pasa a ser la más importante en la materia, desde la Promulgación de la Constitución federal de 1917”, explicó.
En otro punto, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante y Registros Civiles.
Magaña explicó que con esta decreto se busca que el Congreso federal cuente con facultades para expedir las leyes reglamentarias en la materia, “y poner a disposición de los ciudadanos, herramientas que les permitan solucionar sus controversias de manera más rápida y eficaz”.
“Además de que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, implementen políticas públicas de mejora regulatoria, para la simplificación de trámites y servicios a favor de los ciudadanos que los solicitan, logrando con ello un verdadero ejercicio de sus derechos políticos, civiles y sociales”, añadió.
