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El grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, presentó su iniciativa de ley que garantiza la asistencia de un intérprete a los indígenas cuando estos sean acusados de algún delito. De acuerdo con el diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Rosendo Anaya Aguilar, el estado no cuenta con intérpretes acreditados, ni con un censo real de cuantos indígenas se encuentran actualmente en los reclusorios estatales.
“Ley sobre intervención de personas indígenas en procesos contenciosos del estado de Querétaro”, como se denomina la iniciativa, de acuerdo con los legisladores, será novedosa en el país, ya que protegerá los derechos de los pueblos indígenas y promueve el desarrollo y preservación de las lenguas de este sector.
Comentó que de acuerdo con el censo del INEGI 2010, en Querétaro existen 29 mil 585 personas hablantes de una lengua indígenas, las más frecuente el Otomí con 80.8%, además de ocupar el lugar 22 a nivel nacional en presencia indígena.
Agregó que el municipio con mayor concentración indígena (23 mil personas) es el municipio de Amealco, así como el de Querétaro, con 15 mil —aunque ese no se encuentre dentro del Catálogo de Pueblos Indígenas— y en tercer lugar el ayuntamiento de Tolimán con 10 mil.
Sin embargo, cuando algunos de estos indígenas se ven involucrados en delitos, —principalmente del fuero común— como robos menores, lesiones o agresiones entre riñas, y que implican procesos penales, no cuentan con un intérprete, ya que el estado no cuenta con esta figura certificada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
“En Querétaro sólo se encuentra registrado Emeterio Charrez Mezquite, quien está certificado ante el Tribunal Superior de Justicia como interprete, y que ha asistido en dos ocasiones a las personas indígenas de Amealco y Tolimán”, señaló Anaya Aguilar.
En este sentido, el diputado panista, aseguró que con esta iniciativa, los indígenas que se sujeten a un proceso penal, lograran su acceso a la jurisdicción sin discriminación.
Recordó los casos de las indígenas: Jacinta Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, originarias de Santiago Mexquititlan, siendo inocentes fueron sentenciadas por no contar con un traductor.
