La Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales del Congreso local aprobó la adición del artículo 37 bis en materia de pensiones o jubilaciones de trabajadores al servicio de los poderes del estado, a fin de especificar que las solicitudes deben ser presentadas en los términos de la ley, además de establecer que se debe contar con un registro de antigüedad laboral en el Poder Legislativo.
De acuerdo con la presidenta de dicha comisión, María del Carmen Zúñiga (PAN), el tema de las pensiones o jubilaciones de trabajadores del estado se añadió el artículo 73, a fin de especificar que las solicitudes sean presentadas en los términos de la ley de la materia; y adiciona el 37 bis para que, cuando exista alguna duda en el expediente del solicitante, se le regrese a la dependencia correspondiente para aclarar las dudas del mismo.
“En el caso de que el ente público no haya dado cumplimiento al requerimiento formulado dentro de un plazo establecido de 30 días, se tendrá por desechada la solicitud del trabajador para que formule un nuevo trámite ante el titular de la Oficialía Mayor de la dependencia”, destacó.
Por su parte, el diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia (PRD), presente en esta reunión de trabajo, consideró que la Oficialía Mayor del gobierno del estado o de las entidades correspondientes es la instancia encargada de determinar qué trabajadores se podrán jubilar o no, y eso se traducirá a la hora de ingresar los documentos que corresponden al Poder Legislativo.
Fue de tal modo que opinó que se le quita facultades a la Legislatura para analizar los expedientes, y manifestó que simplemente sería un trámite en el que las pensiones y jubilaciones que ingresen son evidentes, ya que no se podrían solicitar las investigaciones de los casos en los que así se requiera.
En este sentido el director de Asuntos Jurídicos y Legislativos, Fernando Cervantes Jaimes, explicó que esta reforma está apegada a la modificación de la ley de pensiones y jubilaciones que se aprobó el año pasado, por lo que se considera un “predictamen”, lo cual abonará a que se revisen de manera más exhaustiva las propuestas de pensiones y jubilaciones. Sin embargo, las áreas de recursos humanos continuarán teniendo la misma injerencia para expedir documentos.
“La reforma que se está proponiendo en el dictamen plantea totalmente lo contrario, lo que se está haciendo es que al interior de los trabajos de la Legislatura se pueda poner un orden, condiciones y características propias que permitan la revisión exhaustiva de las iniciativas de pensiones y jubilaciones, la representación no cambia, las oficialías de recursos humanos siguen siendo competentes, ahora tendrá que validar que la documentación es la correcta”, detalló.
De igual forma, en otro punto del orden del día, se aprobó la reforma al artículo 172, en el que se establece que la propia Legislatura de Querétaro deberá contar con un registro de antigüedad laboral, el cual habrá de ser el encargado de abonar a que no existan dudas sobre la antigüedad de los trabajadores cuando hacen solicitud de jubilaciones.
