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El presidente municipal de Colón, Alejandro Arteaga Cabrera, aseguró que su administración interpuso una denuncia ante la PGR en contra de ex funcionarios de la pasada administración municipal, entre ellos el ex edil, Víctor Alonso Moreno, y el ex tesorero municipal Aristeo Guzmán Martínez, por los delitos de negociaciones ilícitas y desvío de recursos por un monto de 45 millones de pesos.
El boquete financiero que dejó la pasada administración en el municipio fue de 33 millones de pesos, situación que obligó al municipio a solicitar al estado un adelanto de participaciones por 8 millones de pesos.
A finales de 2012, la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE) reveló que en las cuentas públicas del municipio de Colón durante el periodo 2009-2012, había un déficit presupuestal por 55 millones 498 mil 18 pesos. Tan sólo en 2011 se tenía una incapacidad financiera de 37 millones de pesos.
“La denuncia está puesta por cuatro delitos, los que presuntamente se les está imputando, negociaciones ilícitas, desvió de recursos, elementos constitutivos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de las funciones públicas. La denuncia se interpuso ante la PGR y están en términos de revisarla. La misma procuraduría nos pide información”, señaló.
Comentó que si bien la denuncia es por 45 millones de pesos, esta cifra no es la total que deba el municipio, sino que la denuncia esta encaminada a que este dinero fue mal empleado, es decir, que se puso como ejemplo la adquisición de un préstamo, el cual no tenían autorizaciones de cabildo, ni de la Legislatura para adquirir el préstamo y endeudarse.
“Este dinero se ejerció para el pago de nómina y otras deudas que adquirió la administración, dinero que ni siquiera se aplicó como marca la ley, ni siquiera fue para eso, fue para gasto corriente en vez de obra pública”, dijo.
La pasada administración, encabezada por Víctor Alonso Moreno solicitó reestructura un crédito previamente adquirido por 15 millones de pesos, y uno nuevo por 10 millones 575 mil 458 pesos con 76 centavos, esto sin la aprobación de la Legislatura.
En este sentido, el presidente municipal de la demarcación aseguró que el total del boquete financiero que se dejó en el ayuntamiento fue de 33 millones de pesos, entre adeudas con Hacienda, proveedores y liquidaciones pendientes con ex trabajadores del municipio.
Actualmente, el edil desconoce cuál es el estatus de las demandas, y si ya se les notificó a los ex funcionarios.
