Querétaro destaca en el país por ser pionero en la modernización de la impartición de justicia, al firmar el convenio de interconexión con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esto, durante la inauguración oficial de la 11 Asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, en donde se analizan los retos y logros del sistema judicial del país.
Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la SCJN, estuvo en el estado para dar el mensaje de bienvenida a los jueces, magistrados y especialistas del derecho.
“(Francisco Domínguez) de esta forma se alza como pionero de los gobernadores en unirse a este compromiso y hacer realidad la unión en beneficio de los mexicanos y en cumplimiento de la Ley de Amparo y de nuestra Constitución”, sostuvo.
El convenio implica dotar de mecanismos digitales a las instituciones encargadas de impartir justicia, permitiendo la instrumentación del juicio de amparo de manera electrónica.
Conminó a los presentes a conducirse en el marco de la ley y anteponerla sobre convicciones personales, además de reiterar que un juez debe estar libre de cualquier sometimiento o acto de corrupción, de lo contrario sólo sirve de “mandadero”.
“Los jueces tenemos la obligación, más allá de nuestras propias convicciones, de respetar la Constitución y hacer respetar los derechos que ésta reconoce para todos en el país. Lo he dicho con convicción y me permito reiterarlo ante tan dignos representantes de los juzgadores del país: un juez que no es independiente no es juez, podrá ser el mandadero de alguien, un escribano en el mejor de los casos, pero nunca un juez”, afirmó.
Un juez debe ser garante de su propia conducta, dentro y fuera de los tribunales, para generar la confianza de los ciudadanos, además, sólo con trabajo se logra la legitimación, expuso.
En su oportunidad, Francisco Domínguez remembró el papel que Querétaro tiene en la historia nacional, al ser la cuna de la gesta de independencia y de la construcción de la Carta Magna de 1917.
En el estado, recordó, el sistema de justicia penal acusatorio entró en vigor el 30 de mayo y desde entonces se trabaja para alcanzar un sistema que, sobre todo, proteja a las víctimas.
“Somos una entidad orgullosa de su pluralidad, adelantada y en pleno crecimiento. Somos un estado donde la democracia es vibrante y ofrece ejemplos positivos para el desarrollo político, social y económico del México moderno, un estado que trabaja a favor de una aplicación humana de la ley, tanto para víctimas como para acusados”, sostuvo el mandatario.