Aunque la activista Alicia Colchado Ariza reconoció a los integrantes de la 58 Legislatura por renunciar al aumento en las dietas que aprobaron sus atencesores, pidió que también se revisen las jubilaciones que fueron otorgadas a ex diputados locales.
En entrevista, señaló que entregaron una solicitud a cada fracción parlamentaria representada en la 58 Legislatura para que “sean consecuentes en su actuar”, aunque reconoció la determinación de renunciar al aumento en sus dietas, “pues 80% de aumento era indignante”.
“Qué bueno que van a ganar lo que estaban ganando, pero por otro lado les estamos solicitando que sean consecuentes, que tengan congruencia en su actuación y esto quiere decir que hagan lo conducente, que hagan el proceso legal para que las pensiones de Marco Antonio León Hernández y Jesús Galván se revisen y se declare la nulidad por inconstitucionalidad y la ilegalidad”, explicó.
Indicó que se enteraron tras la revisión que el aumento de los 85 mil pesos a la dieta de cada legislador local se dio unas semanas antes de que terminara la 57 Legislatura, aparentemente sólo en beneficio de los diputados que entrarían, pero no fue así, sino que esos 85 mil pesos van a calcularse como salario de los diputados que se van a jubilar.
“Entonces estos dos diputados se jubilan con 85 mil pesos y aunque la legislatura haya dado marcha atrás al aumento, a los jubilados no se les disminuye, porque cuando hay una resolución de derecho a la jubilación, eso entra en materia laboral y no en el reglamento correspondiente. Por lo tanto, hasta que los mismos diputados soliciten una revisión, habrá una posibilidad de echarlo atrás”, dijo.
Recalcó que quienes tienen facultad para detener esta resolución que calificó de “abuso” y de “injusticia” son los propios diputados, por tal razón les piden congruencia en su actuar.
Subrayó que les confirmaron que León Hernández y Galván se jubilaron ya con el aumento, pues “hubo una sesión, una semana antes de concluir la 57 Legislatura, en la que se les permitió retirarse de sus funciones ocho días antes del término de su periodo.
Eso, agregó, “también habla de que ellos ya percibían que se venía el problema. Sí se jubiló con los 85 mil pesos y los 85 mil pesos de Galván, es lo que viene en el documento”.
Por su parte, Alberto Marroquín Espinoza enfatizó que para que se tenga derecho a una jubilación se requiere tener un patrón, y en el caso de los diputados no es así, pues están al servicio del pueblo, por lo que gozar de una pensión es inconstitucional.
“Creo que es una cortina de humo ese aumento salarial, nada más se dio con el fin de que a ellos se les beneficiara y ahora se bajan el sueldo los nuevos diputados, pero se quedan las jubilaciones”, comentó.
Por otro lado, Colchado Ariza recordó que la primera demanda que impulsó con otros ciudadanos fue sobre el derecho a la jubilación, que sólo lo tienen aquellos trabajadores con antigüedad laboral con un patrón y que, en el caso de los puestos en la función pública, no tienen, por lo que es ilegal.
“Sin embargo, a pesar de haber argumentado nuestra demanda sobre este punto en particular, nos la desecharon. Nos dijeron que nosotros no teníamos facultad para demandar lo correspondiente, ahora nosotros apostamos a que quienes tienen la facultad legal para hacerlo, es decir, los diputados”, agregó.
Puntualizó que el siguiente paso es hacer pública esta solicitud y el abuso que se está cometiendo, divulgando de manera local y nacional este hecho para apostar a la presión social.