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La falta de una plataforma tecnológica en algunos municipios del estado, no es excusa para que no se transparente la información, manifestó el diputado federal panista, Marcos Aguilar Vega. El legislador queretano informó que ya fue turnada a comisión respectiva de la Cámara de Diputados federal la iniciativa en materia de transparencia y acceso a la información impulsada por él, en la cual busca que todos los organismos públicos muestren en sus páginas de internet toda la información, ya que a su decir en la actualidad aún existen muchas restricciones. “Lo que se busca es dotar de autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y fortalecerlo desde el artículo 6 de la constitución, el objetivo es que en nuestro país no haya ningún órgano de carácter público al cual no le obligue la constitución y la ley a hacer transparente toda la información de la que es depositario, es una modificación de gran calado en la que ya se están privilegiando los acuerdos en la cámara”. En Querétaro de acuerdo a estadísticas de la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG), sólo los municipios de Querétaro y El Marqués son transparentes, aunque de forma intermitente, por ello Aguilar Vega insistió en que no debe haber excusas para no ser transparentes. “Es justamente una de las condiciones que estaremos discutiendo, hay muchos municipios de los 2 mil 443 (entre los que se encuentran algunos municipios de Querétaro) que hoy no tienen la plataforma tecnológica para lograr estos objetivos, sin embargo esto no debe impedir que se logren los alcances que estamos pretendiendo y tendrá que acompañarse en este aspecto”. El presidente de la CEIG, Javier Rascado Pérez, 2 de los 18 municipios del estado (Querétaro y El Marqués) cumplen con la Ley de Información Gubernamental al presentar sus estados financieros, salarios y trámites en la web; el resto de los ayuntamientos no tienen actualizada la información de sus portales de Internet. Ante esta situación, Aguilar Vega comentó que con la propuesta que hace se busca que los gobiernos ya no puedan ocultar información que sea relevante para los ciudadanos, tales como uso de prerrogativas y hasta tema de índole de seguridad nacional.
