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Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno, afirmó que se busca llegar a un arreglo con los trabajadores sindicalizados antes del estallamiento a huelga.
Granados Torres informó que desde que se presentó la solicitud de emplazamiento, aún no se ha tenido un acercamiento con los trabajadores sindicalizados de los poderes del estado ni con el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, por lo que esperarán la definición del emplazamiento a huelga.
“En esta semana no nos hemos reunido, pero se prevé que haya acercamiento permanente, podemos reunirnos hoy mismo, esta semana, dependen de las agendas”.
En este sentido, el secretario de Gobierno aseguró que ha habido reuniones entre los sindicalizados y autoridades como la Secretaría de Finanzas, la Oficialía Mayor y con el gobernador Francisco Domínguez, a fin de conocer las inquietudes de los trabajadores, por lo que descartó que la falta de comunicación sea la que generó este conflicto con los trabajadores sindicalizados.
De acuerdo con el secretario de Gobierno, se buscará llegar a un arreglo con los empleados sindicalizados antes del estallamiento a huelga y para ello se realizarán mesas de trabajo en los siguientes días, ya que, de acuerdo a Granados Torres, se busca mejorar las condiciones y la efectividad en los poderes del estado.
“Es una acción de orden legal que fue presentada al tribunal, y ahora este debe revisar las condiciones jurídicas para determinar si es procedente la demanda y el emplazamiento, por lo que una vez que esto suceda le corresponderá trasladarlo a las instancias que le competan, a la Oficialía Mayor y, sobre ello, se le dará contestación”.
Aseguró que la ley no afecta los derechos de los trabajadores, ya que la reforma busca evitar abusos de personas a las que se les aplicaba de manera selectiva la ley, mismos que tenían altos salarios y simulación de funciones, lo que se acabó con las nuevas disposiciones.
“Fui claro con la dirigente sindical, los amparos que han promovido, incluso fueron desechados, en ese sentido, la ley ha sido validada por el Poder Judicial Federal y lo que se les ha ofertado en algunas de las pláticas, es que los trabajadores puedan tener un bono por antigüedad, pero necesitamos que el servicio público se mantenga en manos experimentadas”.
