Más Información
Con 232 personas desaparecidas, tan solo de la zona serrana, los diputados panistas Luis Bernardo Nava y Alejandro Cano presentaron la iniciativa de ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición en el estado de Querétaro.
“En la Legislatura local diversas voces nos motivaron a tomar cartas en el asunto, y con la asesoría de expertos nacionales e internacionales, hoy presentes entre nosotros, realizamos esta propuesta (...) En la actualidad, las circunstancias tanto políticas como de seguridad nacional, han obligado a que pensemos el tema de desaparición de personas desde dos matices: el de aquellos actos ejecutados por agentes del Estado, o bien, la desaparición perpetuada por particulares pertenecientes a grupos de poder”, precisó el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso local, Luis Bernardo Nava.
De acuerdo con datos proporcionados por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), tan solo en el último año en la zona serrana hay: 31 desaparecidos en el municipio de Jalpan de Serra, 20 en Landa de Matamoros, 39 en Pinal de Amoles, 31 en Arroyo Seco, 51 en Peñamiller y 60 en Tolimán.
La iniciativa incluye la figura de desaparición forzada y la de desaparición de personas entre particulares como delito grave y su persecución será de oficio.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal deberá constituir una base de datos genéticos (ADN) de los cuerpos que sean levantados por el Servicio Médico Forense (Semefo).
La ley establece un capítulo sobre los derechos de las víctimas, ofendidos y testigos en términos de la Ley General de Víctimas. Además, se prevé crear una fiscalía especializada adscrita a la PGJ para perseguir el delito, y sanciones en pena privativa de la libertad de 15 a 45 años y de 300 a 750 días de multa.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, Alejandro Cano, precisó que hay un vacío jurídico que ha generado que durante años los familiares de las víctimas tengan que esperar a que pasen 72 horas para poder levantar una denuncia y si no se encuentra a la persona no hay delito que perseguir.
El asesor en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Santiago Corcuera, detalló que en menos de la mitad de los estados del país se cuenta con esta legislación, y en los que existe es deficiente, por lo que felicitó a los promotores de la iniciativa.
“El Estado mexicano se encuentra en incumplimiento, porque sólo la mitad o menos de la mitad de los estados tienen tipificado el delito, y esto favorece la impunidad, porque en la mayoría de las Legislaciones es deficiente (...) Quiero felicitar esta propuesta, esta iniciativa, que esperamos prospere en el Poder Legislativo de su estado”, dijo.
