En caso de que un funcionario de gobierno del estado ocupe el cargo como presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos (DDH) no se perdería la condición de imparcialidad ni la autonomía de dicho organismo, aseveró Mauricio Ortiz Proal, secretario de la Junta de Concertación Política de la 58 Legislatura del estado de Querétaro.
Lo anterior es posterior a los señalamientos emitidos por Carlos Lázaro Sánchez Tapia, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien lamentó la posibilidad de que un funcionario de algunos de los órganos de gobierno pudiera atender a la convocatoria para encabezar el próximo periodo en la DDH.
Al respecto, Ortiz Proal señaló que nadie pierde la condición de ser “ecuánime, equilibrado e imparcial por el simple hecho de servirle a su tierra desde una responsabilidad pública”, por lo que aseguró que primero se deberá escuchar a los interesados y conocer sus puntos de vista.
“Yo no veo impedimento alguno en aquellas personas que pudieran estarle sirviendo a Querétaro como funcionarios de gobierno del estado para aspirar a dirigir una oficina tan importante como la Defensoría de los Derechos Humanos (…) De entrada, me parecía tremendamente injusto e incluso violatorio de derechos, la posibilidad de poder establecer restricciones de este tipo (no aceptar a servidores públicos)”, dijo.
El también coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local aseveró que se garantizará la autonomía de dicho organismo. Advirtió que el próximo ómbudsman en el estado deberá de estar convencido de trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, así como no tener miedo a manifestar sus puntos de vista, sin importar que implicaciones tenga con la autoridad.
