Querétaro no cuenta con el presupuesto que se requiere para la implementación de la reforma del sistema de justicia laboral en el estado, y a la fecha se desconoce qué alternativa se tomará para fondear los 500 millones de pesos que se necesitan para cumplir con este compromiso.
El secretario de Trabajo en la entidad, José Luis Aguilera Rico, manifestó que hay diversas inquietudes en torno a la implementación de la reforma, mayormente en lo que se refiere al aspecto económico, pues de inicio se requieren 11 millones de pesos para liquidar al personal que labora en las Juntas de Conciliación; la dependencia, dijo, no cuenta con estos recursos.
El funcionario expuso que la reforma impone la obligación de crear un Centro de Conciliación Estatal dependiente de la Secretaría del Trabajo, lo que significa una inversión en infraestructura y personal de aproximadamente 60 millones de pesos, sólo para el primer año de operación. Tampoco se cuenta con este monto.
Este Centro de Conciliación Estatal atenderá los asuntos laborales que se generen en la entidad y tendrá presencia en los espacios judiciales en que se instale el juzgado de lo laboral.
Aguilera planteó que en la parte operativa de la transición se requiere presupuesto para digitalizar los 34 mil 800 expedientes vigentes en las juntas especiales, advirtiendo que se corre el riesgo de que se incurra en un plazo de inmovilidad de los asuntos, perjudicando a las partes involucradas.
“El costo de la infraestructura para los nuevos juzgados de lo laboral, la posible creación de una sala especial de lo laboral y la capacitación y contratación del personal quedan a cargo del Tribunal Superior de Justicia, aunque sale de nuestra esfera, consideramos que asciende a una cantidad aproximada en presupuesto de 500 millones”.
De acuerdo con el titular de la Secretaría del Trabajo, se corre el riesgo de que haya estallamientos de huelga durante el proceso de transición.
“Hemos insistido en la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo en la necesidad de contar con un presupuesto real para la transición de las juntas de conciliación en todos los estados de la república, el cual ascendería a 5 mil o 7 mil millones de pesos que no se contemplaron en la reforma laboral”, señaló el funcionario.
Durante una mesa de diálogo convocada para abordar los desafíos que supone la implementación de la reforma laboral, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Consuelo Rosillo Garfias, afirmó que para que ésta sea exitosa se debe trabajar en un modelo gradual que permita una implementación ordenada en la que se privilegie la transparencia jurídica.
“Esta tarea no es simplemente de adecuación de los procesos normativos que nos llevarán a establecer nuevas líneas de resolución en los conflictos laborales. Este es un cambio sustancial del modelo de justicia laboral”, dijo la titular del TSJ.
Rosillo Garfias refirió que el Poder Judicial de Querétaro trabajará de forma conjunta con autoridades nacionales y estatales, así como colegios y barras de profesionistas, abogados litigantes e instituciones académicas, para definir acciones que permitan una impartición de justicia efectiva que proteja y garantice los derechos de los trabajadores.