El manejo de los recursos públicos en los municipios y el bajo desempeño de los legisladores en el Congreso local, así como la opacidad en los apoyos económicos que reciben, además de sus dietas, son algunos de los pendientes que observa Jaime Netzáhuatl Jiménez, de la organización de la Sociedad Civil Locallis, en torno a la transparencia y rendición de cuentas en el estado.
Explicó que el plazo máximo dado a las entidades obligadas para actualizar sus portales de transparencia termina el diciembre próximo, por lo que están a la espera a que se cumpla la fecha, y una vez que se cuente con toda la información revisarla, para ver qué tanto los portales de los municipios y del Congreso local se han adaptado a las modificaciones de la nueva ley de transparencia.
Indicó que lo que más trabajo les cuesta, por ejemplo a los municipios, es explicar en qué se han gastado los recursos públicos, “pero otras cosas de las que adolecían, en el caso del Congreso local, es el bajo desempeño de los legisladores. Cuando hablo de bajo desempeño me refiero a pocas iniciativas generadas, pocas leyes aprobadas y también una opacidad en el manejo de los recursos que cada uno de los legisladores tienen asignado. No me refiero a las dietas, sino a los otros apoyos económicos”.
En el caso de los gobiernos municipales, explicó, la información analizada recientemente (tres meses) no está accesible a los ciudadanos en formatos que se puedan consultar de manera más “amigable”, como un formato PDF o digital, en el cual los ciudadanos pueda acceder de manera rápida, sino que mandan al ciudadano a que haga el trámite de acceso a la información para que obtenga esos datos.
“Hace tres meses no había información accesible y toda esa información que debería estarlo, obligaba al ciudadano a hacer una solicitud de acceso a la información pública”, subrayó, al tiempo que precisó que es algo generalizado en los municipios de la entidad.
Lamentó la inexistencia de mecanismos serios que puedan sancionar a las autoridades que no cumplan con este trámite, aunque se supone que en la nueva ley de transparencia que se armonizó con la federal, donde incluso los sindicatos están obligados a rendir cuentas de sus recursos y en qué los utilizan.
“Nosotros esperaríamos que con el vencimiento de la prórroga, efectivamente, ahora sí podamos valorar que estos mecanismos sean aplicados para verdaderamente sancionar a autoridad o funcionario que se nieguen a cumplir con la ley de transparencia.
Agregó que los resultados de la revisión de información, una vez terminado el plazo dado a las entidades obligadas, a mediados de enero ya tener una postura al respecto de al menos los municipios con mayor población de la entidad, así como del propio Congreso del estado.
“En el caso de la Legislatura no es solamente cuestión de la transparencia, sino que, entre algunos de los indicadores que manejamos para la rendición de cuentas, está el desempeño de los legisladores”, enfatizó.
Puntualizó que entre los pendientes que tiene su organización por hacer es elaborar la ruta de los recursos públicos, desde que se aprueba, se firma el cheque y se gasta, pero no tienen la capacidad de hacerlo, concentrándose en las evaluaciones de transparencia a los municipios y el Poder Legislativo, aunque la opacidad sigue prevaleciendo.
