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En julio de este año deberá empezar a implementarse los juicios orales mercantiles informó el magistrado del Tribunal Superior de justicia en el estado, Carlos Septién Olivares, quien señaló que se tienen que hacer las adaptaciones correspondientes en base al presupuesto que les destinó el Congreso Local para este año, el cual asciende a poco más de 438 millones de pesos. Septién Olivares puntualizó que 80% del trabajo que realizan los juzgados son de carga mercantil por lo que hacen lo posible por desahogar lo más pronto los asuntos pendientes. “Es un esfuerzo excesivo, es una excesiva carga de trabajo recordemos que 80% de un juzgado es carga mercantil, no tenemos rezago, se están resolviendo de acuerdo a los 15 días. Lo que es cierto también es que no se puede sacar 150 casos en un mes”, manifestó. Por su parte el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Luis Bernardo Nava Guerrero informó que para poder iniciar con la aplicación de los juicios orales en el estado será necesaria la modificación de alrededor de 20 leyes. Luego de que el pasado 29 de noviembre de 2012 se aprobara por unanimidad en sesión de pleno la reforma al artículo 2 y 24 del Código Penal, el legislador indicó que será necesario reformar el Código de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la Procuraduría, entre otras normativas que tendrán que ser modificadas para la implementación de los juicios orales. “Vamos a tener que derivar este esfuerzo en alrededor de 20 leyes que pasan por el Código de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la Procuraduría, la Ley de Medios para la Resolución de Conflictos, son muchísimas legislaciones que se tienen que reformar”, asentó. Nava Guerrero sostuvo que además de las reformas a las leyes que se tendrá que hacer, será necesario dotar de infraestructura y capacitación a todo el personal que esté vinculado con este tema, pero se tiene hasta 2016 para finalizar todo el procedimiento. “Todo el sistema se va a reformar y tiene que ver con toda la parte del Poder Judicial, con la Procuraduría, los Ministerios Públicos deberán de estar capacitados para este nuevo esquema y de parte de los abogados están teniendo sus aulas en las escuelas de juicios orales, las universidades se están preparando para estos cambios”, refirió. En tanto el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Marco Antonio León Hernández apuntó que con la reforma constitucional que se contempla, será necesario que se reforme el Código Penal, en donde se buscará que se reduzcan sanciones para evitar la saturación en los Centros de Readaptación Social (CERESOS). León Hernández puntualizó que es necesario tipificar como delitos graves sancionados con cárcel solo aquellos en donde se cometan faltas graves a la sociedad y los demás debe ser penalizado a través de multas o faltas administrativas. “El Código Penal necesita una revisión a fondo porque efectivamente se ha venido cometiendo un grave error en materia de ampliar las penas, debemos aspirar a tener un Código Penal mínimo, es decir parte de la saturación de los penales es porque tenemos muchos delitos que se sancionan con cárcel, cuando la cárcel debería de sancionar solo a aquellos que comenten delitos que ofenden gravemente a la sociedad y los demás delitos deben sancionarse pero de otra manera, algunos con multas, con trabajos a la comunidad o por la vía civil de ésta manera tendríamos que despresurizar las cárceles, entonces hace falta también eso la revisión a fondo del código penal”.
