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El diputado de Nueva Alianza Juan Alvarado Navarrete aseguró que como presidente de la Junta de Concertación Política no se extralimitó en sus funciones al entregar al Juez Primero de Distrito un informe sobre la comparecencia del magistrado del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, Eugenio Castellanos.
Precisó que el documento firmado por él y entregado al juez Jesús Ortiz, en el cual informa sobre la no ratificación en el cargo del magistrado, se realizó a petición de este juez y no por decisión propia.
“Es muy claro el artículo 140. En la Junta de Concertación Política no tengo la facultad o representación jurídica para llevarlo a cabo. Pero cuando un juez te da la responsabilidad, tienes que contestar. Si en algún momento dado se incurrió en algo, tendré que hacerme responsable, pero yo me apego a la ley. No me metí a un asunto de manera caprichosa”, comentó.
De acuerdo con el artículo 140 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, “corresponde al presidente de la Junta de Concertación Política convocarla a sesionar, coordinar sus actividades y hacer cumplir sus acuerdos”.
Recientemente, el diputado Marco Antonio León Hernández, del Partido Movimiento Ciudadano, aseguró que el presidente de la Junta de Concertación se extralimitó en sus funciones al haber emitido este documento.
Por ello, Alvarado Navarrete aclaró que en el informe rendido no se menciona que al magistrado propietario no se le dio audiencia: “en el posicionamiento que nosotros tenemos en la tribuna simplemente pedimos que se le vuelva a escuchar, porque él desconocía el dictamen. Aquí debemos tomar en cuenta los criterios de cada uno, que deben de ser respetables. Yo no protejo al magistrado, simplemente es un criterio que debe de ser respetado”, comentó.
El 3 de octubre de 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que el magistrado del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo Eugenio Castellanos Malo fuera reincorporado en su puesto y la 57 legislatura le diera la debida audiencia para desahogar su ratificación o no.
Sin embargo, el 7 de febrero se aprobó su no ratificación, con 13 votos a favor.
Cuatro días después el Juez primero de Distrito anunció a la Legislatura que se tendría que reponer el proceso.
Esta decisión tomada por el Juez Primero de Distrito se hizo bajo el argumento de que no se le dio la audiencia al magistrado propietario.
Finalmente, Juan Alvarado manifestó que lo que les ocupa es resolver este caso, no entrar en dimes y diretes y que finalmente será la autoridad competente la que determine quién tiene la razón.
“Esto no es un ring, no es un ring de pleitos. Aquí tenemos que analizar qué tenemos que desahogar conforme a la ley, lo que se tiene que hacer es que se desahogue en forma y tiempo”, concluyó el legislador de Nueva Alianza.
