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Pese a la aprobación en el Congreso local en agosto de 2016, de la Ley que Regula a los Agentes y Empresas Inmobiliarias del estado de Querétaro, hasta la fecha no se ha publicado el reglamento que permite la aplicación de sanciones para aquellas empresas que no operan con los permisos adecuados.
Pedro Reyes Martínez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), denunció que la entrada en vigor de esta normativa fue el 1 de enero de este año; sin embargo, no se ha realizado la publicación del reglamento; por lo que exhortó al Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) para que aceleren este proceso.
“Es una ley muy importante en el sector inmobiliario, ya que establece ahora sí, una obligación para todas aquellas personas que se quieran dedicar a hacer una actividad inmobiliaria tengan que contar con una licencia que expide la SDUOP y si se trata de una empresa tiene que contar con un permiso que expide la misma secretaria”, dijo.
De acuerdo con dicha normativa, las personas físicas y morales dedicadas a la actividad inmobiliaria, deberán regularizar su situación jurídica, ante la Secretaría en un plazo no mayor a 365 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del reglamento respectivo. A partir de ese momento, la SDUOP podrá imponer sanciones a quienes no cumplan.
En este sentido, Reyes expresó que al continuar pendiente la publicación del reglamento, se impide la regulación del sector y la aplicación de sanciones ante irregularidades en la compra venta de inmuebles.
“Lamentablemente ante el crecimiento que tiene Querétaro, ante el gran número de operaciones inmobiliarias, eso está repercutiendo a que mucha gente improvisada se ponga a prestar este servicio y pone en riesgo a las personas que solicitan estos servicios”, dijo.
Reyes Martínez indicó que de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015 existían alrededor de mil 200 personas dedicadas a prestar servicios inmobiliarios. No obstante, estimó que con el crecimiento demográfico, a finales de este 2017, existen dos mil personas en el sector. Expresó que en el caso de AMPI, se cuenta con un registro de 100 empresas asociadas y 350 agentes afiliados.
“La gran mayoría no están afiliados o asociados a ninguna asociación inmobiliaria, entonces esto es lo dedicado del asunto; con la gente que no forma parte de AMPI, nos vemos atados de manos para poder llevar a cabo algún tipo de sanción con este tipo de gente”, refirió.
De acuerdo con la Ley de Agentes Inmobiliarios, las sanciones a quienes incumplan con las disposiciones de la misma, van desde una amonestación por escrito, hasta una multa de 350 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, alrededor de 26 mil 421 pesos.
Además se prevé la suspensión de licencia o permiso de hasta 30 naturales y una clausura temporal de 30 hasta 365 días.
