El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Miguel Nava Alvarado, informó que analiza el recurso que usará para revertir la resolución parcial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En ésta se le concede un amparo a César Pérez Guzmán, quien se dijo discriminado por los representantes de la 57 Legislatura al no ser tomado en cuenta como candidato a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por exceder el límite de edad de la convocatoria que fue de 60 años.
La magistrada el TSJ, Celia Maya García, resolvió ordenar a la Legislatura reponer el proceso donde fue electo Miguel Nava Alvarado como presidente de dicha instancia, a efecto de que sean tomados en cuenta ambos perfiles en igualdad de circunstancia.
“Es la resolución de una magistrada, que desde mi punto de vista es equivocada pero además que es recurrible, que el propio Tribunal de Justicia de Querétaro prevé el recurso de la reclamación para efecto de que el tribunal resolviera con respecto a esta situación, por ese lado no es una cosa juzgada”, señaló Nava Alvarado.
Jurídicamente, tener límites de edad para contender por un puesto público es un tema que está superado en México y en prácticamente todo el mundo; ya que la controversia está definida como “distintoria” más no discriminativa.
“Es el desconocimiento de la materia, mi respeto a la magistrada pero es un desconocimiento, la sentencia de amparo que le otorgaron al quejoso es para el efecto de que el TSJ y en este caso la magistrada, resolviera conforme a lo que le ordenó el tribunal colegiado”, dijo.
Lo ordenado por el TSJ fue dejar insubsistente el acto reclamado, es decir, el límite de edad fijado en la convocatoria, de 60 años, para contender por la presidencia.
“… le ordenó que dejara insubsistente el acto que se reclamó, o sea, porque desecharon de primera instancia la demanda, y en su lugar dicte otro en donde se ordene —de no advertirse otro motivo de improcedencia— dar trámite al juicio constitucional”, señaló.
En este caso, el motivo de improcedencia, afirmó, está en el hecho de que Pérez Guzmán tuvo conocimiento de los requisitos, desde que tuvo vigencia la Ley de Derechos Humanos.
“Él conocía la Ley porque él trabajaba en la Comisión de los Derechos Humanos; la ley dicta que si existe alguna inconformidad, hay un tiempo de 15 días para impugnar (la ley) y ni él ni nadie lo hizo, y años después viene a inconformarse cuando se siente afectado”.
Sin embargo, Miguel Nava dijo que buscará interponer un recurso para proteger sus derechos en virtud de que se vería perjudicado por dicha circunstancia, además de recordar que no es una resolución definitiva, sino que todavía tiene que ser avalado por el Pleno del Tribunal.
“La resolución no es definitiva, yo tengo en este momento dos opciones: acudir al recurso de reclamación como lo hizo Pérez Guzmán y tengo cinco días hábiles desde el momento que fui notificado, estoy en tiempo porque se me notificó el 10 de diciembre pero después vienen días inhábiles y están de vacaciones”, aseveró.
El presidente de la Defensoría fue notificado de esta resolución el 10 de diciembre, y tiene un plazo de cinco días para interponer el recurso de reclamación, situación que será desahogada cuando se dé el regreso de vacaciones.
El martes 10 de diciembre se notifica, el día 11 es el primer día transcurrido, el 12 es día inhábil, el 13 es el segundo día; se atraviesan los días sábado y domingo; para el lunes 16 se llega al tercer día, el martes 17 es el cuarto y para el miércoles 18 ya corría el periodo vacacional.
Otro de los recursos que pudiera apelar es el del juicio de amparo indirecto, que sería en contra de la decisión del pleno del TSJ, en caso de que se vea afectado.
“El recurso de reclamación cuando lo ponga tendrá que resolver sobre los agravios y violaciones que vivo, y de lo que resolviera el tribunal, si es que me veo afectado, tendría otros 15 días hábiles para interponer juicio de amparo directo”, señaló.
Un tercer recurso es el juicio de amparo directo, que es en caso de que la Legislatura decida darle trámite a la orden de la reposición del proceso, ya que desde el origen no asiste la razón al demandante que el César Pérez Guzmán.
“Si la Legislatura no se percatara de esta situación, que yo creo que deben estar enterados, y quisiera reponer el procedimiento yo podría proceder mediante el juicio de amparo; hay una gama de posibilidades legales”, dijo el ómbusdman