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El magistrado del Tribunal Superior de justicia en el estado, Carlos Septién Olivares, informó que en julio de este año deberán empezar a implementarse los juicios orales mercantiles.
Además, Septién Olivares señaló que se tienen que hacer las adaptaciones correspondientes con base en el presupuesto que les destinó el Congreso local para este año, el cual asciende a poco más de 438 millones de pesos.
Puntualizó que 80% del trabajo que realizan los juzgados son de carga mercantil por lo que hacen lo posible por desahogar lo más pronto posible los asuntos pendientes.
“Es un esfuerzo excesivo, es una excesiva carga de trabajo. Recordemos que 80% de un juzgado es carga mercantil, no tenemos rezago, se están resolviendo. Lo que es cierto también es que no se puede sacar 150 casos en un mes”, manifestó el magistrado.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, Luis Bernardo Nava Guerrero, dijo que para iniciar con la aplicación de los juicios orales en el estado será necesaria la modificación de alrededor de 20 leyes.
Luego de que el pasado 29 de noviembre de 2012 se aprobara por unanimidad en sesión de pleno la reforma al artículo 2 y 24 del Código Penal, el legislador indicó que será necesario reformar el Código de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la Procuraduría, entre otras normativas, para la implementación de los juicios orales.
Nava Guerrero sostuvo que además de las reformas a las leyes, será necesario dotar de infraestructura y capacitación a todo el personal que esté vinculado con este tema, pero se tiene hasta 2016 para finalizar todo el procedimiento.
“Todo el sistema se va a reformar y tiene que ver con toda la parte del Poder Judicial, con la Procuraduría, los Ministerios Públicos deberán de estar capacitados para este nuevo esquema y de parte de los abogados están teniendo sus aulas en las escuelas de juicios orales, las universidades se están preparando para estos cambios”, refirió.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Marco Antonio León Hernández, apuntó que con la reforma constitucional será necesario que se reforme el Código Penal, en donde se buscará que se reduzcan sanciones para evitar la saturación en los Centros de Readaptación Social (Cereso).
Puntualizó que es necesario tipificar como delitos graves sancionados con cárcel sólo aquellos en donde se cometan faltas graves a la sociedad, los demás, dijo, deben penalizarse con multas.
El legislador explicó que el Congreso deberá revisar el Código penal para que sea “mínimo” y analizar los delitos que ameriten cárcel, puesto que, opinó, por eso hay saturación en los Ceresos.
