La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la 58 Legislatura de Querétaro aprobó por unanimidad la adecuación al Código Penal estatal en materia anticorrupción, esto como parte de los trabajos legislativos para la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que entró en vigor el pasado martes.
Durante la sesión de Comisión, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, diputado independiente, explicó que la adecuación al Código Penal, aglutina diversos delitos para los servidores que incurran en actos de corrupción, los cuales dijo, ya están estipulados en la legislación actual y no deben ser modificados.
En este sentido, el legislador presentó una reserva ante la comisión para eliminar y analizar en el Código Penal del estado, que impone una sanción de tres meses a un año y hasta 15 días de multa a aquel que insulte o injurie a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, pues dijo, esta legislación es anticonstitucional y va en contra de la libertad de expresión.
De acuerdo con Sánchez Tapia, los delitos que se agruparán en materia de combate a la corrupción, son aquellos que cometen los servidores públicos como conocer de negocios para los cuales estén legalmente impedidos, así como retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia, o bien, ejecutar actos u omisiones que produzcan un daño y concedan a alguien una ventaja indebida.
Asimismo, otro de los artículos que fueron agrupados en este tema, fue el 273 que establece sanciones de tres meses a cuatro años y de 10 a 100 días multa, a los particulares que promuevan una conducta ilícita de un servidor público o se preste para que él mismo promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios ajenos a las responsabilidades de la administración pública.
También se incluye el artículo 274, que impone sanciones al particular que dé u ofrezca dinero o promesa a un servidor público, para que realice u omita un acto injusto relacionado con sus funciones. Por esta situación, se le aplicarán de seis meses a seis años de prisión y de 20 a 240 días multa.
