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El diputado Marco Antonio León Hernández, coordinador de la Fracción Legislativa de movimiento Ciudadano, rechazó cualquier presión de compañías aseguradoras para atender reformas a la Ley de Tránsito. Comentó que “la obligación que se pretende es una exacción, es un cobro injusto y violento, es un abuso inconstitucional e ilegal de la Legislatura que pretende exigir un pago de una prestación equivalente a un impuesto pero ¡a favor de un particular!. Ni a Antonio López de Santa Ana se le hubiera ocurrido”. Enfatizó que es temeraria, infundada y torpe la afirmación de que quienes no cuentan en la actualidad con un seguro es por motivos “aparentemente económicos”. Los legisladores han exhibido ignorancia al desconocer las condiciones económicas en que vive la mitad de la población en la entidad, es difamatoria y ofensiva la afirmación, “ahora resulta que la pobreza es aparente. La sospecha se amplía”. Abundó que los artículos que se pretenden reformar son tres: Artículo 45. Se adiciona un último párrafo que dice: Los propietarios de cualquier tipo de vehículo que circule en el Estado está obligado a contar con una póliza de seguro vigente, por lo menos en la modalidad de responsabilidad civil, que cubra los daños y perjuicios, asistencia médica e indemnización a terceros, contratado con una institución de seguros reconocida y autorizada por las autoridades competentes. Artículo 52. El comprobante del registro de un vehículo en el Estado se integra por la tarjeta y placas de circulación, el engomado y la póliza de seguro vigente. Artículo 74. Se adiciona una fracción al inciso E): Se considera que comete una infracción quien conduzca un vehículo, sin contar con la póliza de seguro vigente. En los transitorios se establece un plazo de un año para que los conductores contraten y registren la póliza de seguro. El pleno de la LVI legislatura aprobó el 13 de septiembre del 2012 las Reformas; en donde la exposición de motivos únicamente se basan en información proporcionada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), bajo las premisas de que el 37% del parque vehicular que circula en nuestro Estado carece de la protección de un seguro y afirman que es por motivos “aparentemente económicos” . El 26 de septiembre de 2012, fue remitida al gobernador para su publicación en el periódico oficial del gobierno del estado "La Sombra de Arteaga”. Sin embargo en fecha 11 de octubre, el secretario de Gobierno, presentó a la Legislatura del estado en ejercicio de las facultades constitucionales otorgadas al gobernador en el numeral 19 fracción V, observaciones a la ley conocidas como “veto”, y que es la negativa a publicarlas. Mismas que son devueltas a las legislatura a fin de que revise las consideraciones jurídicas que sostiene el titular del Poder Ejecutivo. La legislatura puede aceptarlas, rechazarlas o presentar un proyecto alternativo. Detalló que las observaciones que ha realizado el ejecutivo se fundamentan en 3 aspectos jurídicos, el primero como una violatoria de derechos fundamentales de acuerdo al Artículo 5° párrafo quinto de la Constitución General de la República, que consagra la "libertad contractual" al constreñir a los particulares a contratar de manera obligatoria un contrato de seguro, Artículos 14 y 16, en razón que el estado sólo puede hacer obligatorias las contribuciones, lo que en la especie no acontece, ya que no puede considerarse al seguro contemplado en la ley observada, como una contribución, en términos de lo previsto por el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues se está obligando a un particular a celebrar un contrato de seguro con otro particular, lo que no tiene la naturaleza de una contribución. El segundo aspecto jurídico es que la Ley observada, invade esferas competenciales que se encuentran reservadas a la Federación, en términos de los previsto por la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el contrato de seguro, está regulado por la Ley sobre el contrato de seguro, que es materia mercantil, cuya facultad de legislar se encuentra reservada en la Federación, en términos del dispositivo Constitucional referido. Y el tercero es porque violenta el numeral 2 de la Constitución Renovada de la entidad, que mandata en su primer párrafo: “El estado garantizará el respeto a la persona y a los derechos humanos, promoverá su defensa y proveerá las condiciones necesarias para su ejercicio”. En cuanto a estas consideraciones jurídicas anteriores el Diputado Marco Antonio León Hernández enfatizó que el artículo 133 de la Constitución General establece el principio de supremacía constitucional que es la cualidad de fungir como norma jurídica positiva superior que da validez a todo el orden jurídico, lo que implica que ninguna norma general puede contravenirla, ninguna ley que emita la Legislatura de Querétaro puede vulnerar los limites, contenido, principios y valores establecidos en ella, la sanción es la nulidad. “Es sospechoso que la Legislatura se haya basado para reformar la ley en consideraciones proporcionadas por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que serían los beneficiarios de cantidades millonarias a costa de los más pobres del estado, lo que es inaceptable, se estaría limitando a quienes no tengan para pagar el seguro a no utilizar sus vehículos, por la simple condición de ser pobres” comentó. Dijo que cualquier ciudadano en su sano juicio sabe la conveniencia de contar con un seguro para su vehículo, con un seguro de vida, con un seguro de gastos médicos entre otros, pero es intolerable pretender afirmar que no lo hacen por negligencia o por motivos “aparentemente económicos”. } “Ésta brutal imposición que ha pretendido la LVI Legislatura atenta contra la economía familiar en beneficio de las compañías aseguradoras. Bajo ningún motivo podemos permitirlo”. Por ello el Diputado Marco Antonio León Hernández rechazó cualquier intento de presión de las compañías aseguradoras que ya se perfila en el Estado y propuso que los diputados de la LVII legislatura se solidaricen con quienes menos tienen y respeten la Constitución, votando a favor de las observaciones vertidas por el gobernador del estado; que no generen sospechas de corrupción como la anterior legislatura y no se reúnan en “lo oscurito” con las compañías aseguradoras y que no acepten presiones de los Comités Nacionales de sus Partidos en caso de haberlas. Nuestro compromiso es con los queretanos. Afirmó que de no atender el veto del ejecutivo se promoverá “una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante el Tribunal Constitucional del estado y, abrirá despachos jurídicos fijos y móviles en todos los municipios del estado, para promover amparos en beneficio de la ciudadanía.
