El diputado local Gerardo Sánchez Vázquez aseguró que la iniciativa de ley para la Protección y Garantía de la Libertad de Expresión en el Ejercicio Periodístico estará siendo perfeccionada durante los siguientes tres meses, esto con el objetivo de incluir en las modificaciones las opiniones que los comunicadores hagan sobre este primer planteamiento.
De acuerdo con las disposiciones generales, por medio de esta iniciativa se busca promover el respeto, la protección y la garantía de la libertad de expresión, los derechos a la información, laborales, de salud y de seguridad social de los periodistas y sus familiares, así como el derecho a la independencia de criterio, de emitir opinión y la de informar.
En esta iniciativa de ley se reconoce como derechos específicos inherentes a la naturaleza de la actividad de los periodistas, el secreto profesional; la cláusula de conciencia; el libre acceso a las fuentes de información; protección a los derechos de autor y de firmas; además de la protección pública ante agresiones de terceros.
Se plantea garantizar a los periodistas el ejercicio pleno de las libertades para el acceso a las fuentes informativas, y a la población en general, el derecho a recibir información de manera veraz e imparcial.
La ley incluye la figura de colaborador periodístico, definiéndose como toda persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión e información su actividad complementaria, ya sea de manera esporádica o regular, remunerada o no, cuya actividad la realiza por encargo expreso del medio; sin embargo, periodistas locales sugirieron eliminar el término, porque su inclusión se presta “para que cualquier persona que casualmente publique o tenga un cargo público, se defina como colaborador y con ello ser beneficiario de la presente ley y por esto exentarlo de obligaciones como funcionario”.
Los periodistas sugieren también incluir el término Libertad de Expresión, como un derecho y no como una prerrogativa, para difundir y publicar ideas u opiniones sin discriminación y a través de cualquier medio de comunicación.
De igual forma, los comunicadores demandan que la iniciativa de ley garantice que el Estado esté obligado a realizar cualquier acción que resuelva el secuestro de un periodista, primeramente a prevenirlo, por ello sugirieron la inclusión de un artículo que hablara sobre ello, después a atender y culminar un secuestro, no a “intensificar” acciones, ya que actualmente existe una fiscalía especializada para este delito.
Aunado a lo anterior, esta iniciativa de ley establece que el Ministerio Público o la autoridad judicial correspondiente del fuero común, no podrán, en ningún caso o situación, citar a los periodistas ni a los colaboradores periodísticos como testigos con el propósito de que éstos revelen sus fuentes de información.
