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Claro que hay resistencia de los legisladores en dar a conocer sus actividades y en qué emplean los dineros de las prerrogativas, así como el recurso extra que reciben por presidir comisiones. La Coparmex queretana si bien no pide mucho para que los diputados informen sus actividades, la obligación no está contenida en ninguna ley ni reglamento, no hay manera de atender a la “plataforma de evaluación legislativa”.
La “vertebración legislativa” que pretendía echar a andar en este mes de octubre, no fue atenida y no será cumplida en los términos en que lo piden los empresarios. La Legislatura no es una empresa en la que los responsables de hacer las leyes deban “checar” tarjetas de entrada y salida a sus labores. Tampoco puede evaluar su rendimiento de calidad y mejora continua; no se puede medir la producción de leyes, decretos, cuentas públicas o acuerdos por cantidad, es necesaria la presencia ineludible de la calidad, que beneficie a la sociedad.
Sin embargo, es tiempo que los legisladores se sujeten a normas que respondan, al menos, a la rendición de cuentas. Hoy, de moda que se exige para los poderes públicos, es indispensable que la sociedad conozca en qué se emplean los millones de pesos que año con año le otorgan al Poder Legislativo, cuyo presupuesto ha crecido desproporcionadamente sin que los resultados de su gestión hayan arrojado beneficios objetivos para los queretanos. Muchos legisladores son de ocurrencia y mera casualidad.
Es inconcebible que en la casa en donde se hacen las leyes, no existan normas que obliguen a los responsables a transparentar y rendir cuentas de su quehacer. En su página web de “transparencia” no informan del trabajo sustancial del legislador. Informan de sus actividades políticas, que en nada benefician a los queretanos; sin embargo, del trabajo legislativo, un esbozo es lo que aparece en su página oficial.
Si acaso, la Dirección de Asuntos Legislativos se distingue por subir a la página las gacetas, las que contienen los asuntos a tratar en casa sesión de pleno, los dictámenes y actas de las sesiones, eso es todo. ¿Qué hay de las iniciativas? Nada, esas permanecen en el anonimato.
¿Desea usted saber cuántos empleados laboran? No aparece en la página. ¿Quiere saber si hay personal por honorarios? ¿Hay contratos? ¿Quiénes son los asesores de los legisladores? Se ignora. Hay que pedirlo por escrito.
Existe opacidad en la rendición de cuentas. Apenas la LI Legislatura rompió el cordón umbilical que lo ataba al Poder Ejecutivo, quien controlaba los dineros, así como adquisiciones y contratación de personal, que apenas llegaba a 50 burócratas, se desató el saqueo.
Entonces, los legisladores no tenían acceso al recurso público, por ello crearon la Comisión de Administración, para repartir libremente el dinero. Así empezaron a decidir a quién contratar y a quién despedir, cuánto debería ganar tal o cual empleado. De subordinados se transformaron en dueños de la “empresa”, que no rinde cuentas a nadie. La LI Legislatura terminó con 28 millones 360 mil pesos; aquellos inventaron las “prerrogativas” para su beneficio.
Y empezaron los “atracos” al presupuesto. En la LII, aprobaban dinero para la compra de materiales de construcción, para “obsequiarlos” en sus distritos; pero, ¡Oh, sorpresa! Fueron denunciados. La empresa que les “vendía” el material era fantasma, no existía. Lo mismo sucedió con material de oficina. No hay supervisión alguna, ellos se aprobaron lo que les vino en gana.
La historia se ha repetido en cada Legislatura. Este año administran 299 millones 633 mil 976 pesos. Un salto cuántico, enorme, y siguen siendo los mismos 25 legisladores. Y, sí, ellos lo administran, el área administrativa y financiera del Poder Legislativo, simplemente ejecutan lo que acuerdan las y los diputados.
¿Recuerdan la queja de diputadas suplentes que entraron en la LVI? Legisladores de todos los partidos se quejaron por no recibir prerrogativas, sólo les pagaron la dieta. El fondo del problema se debió a que, quienes se fueron de campaña se llevaron el dinero por adelantado. Promovieron juicio de responsabilidad, pero nada sucedió. Es más, fueron amenazadas por los diputados propietarios; estos se llevaron personal de la Legislatura y otros recursos públicos para sus campañas. ¡Nada sucedió! Y todo en razón a que no hay manera de supervisar y evaluar su trabajo. Claro, después regresaron los abusivos legisladores por sus “finiquitos”.
Por eso es bienvenida la propuesta de la Coparmex, organismo empresarial que ha puesto a “temblar” a más de algún legislador, sobre todo a quienes no hacen nada, cobran mucho y se la pasan en campaña con el pretexto de que son “representantes populares”. El legislador está para legislar, revisar cuentas públicas y, esporádicamente, tramitar juicios políticos. Es tiempo de que rindan cuentas.
