Más Información
Un presupuesto de 3% para gastos personales y 5% en materiales es el solicitado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ); además de una reserva para los posibles gastos por la absorción de la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCyA).
Consuelo Rosillo Garfias, presidenta del TSJ, recordó que al mes de febrero debe estar adecuado el marco jurídico para saber cómo será el proceso para atender los asuntos laborales.
“Somos muy respetuosos de la ley, estamos pidiendo un aumento no mayor a 3% en gastos de personal y en materiales e insumos no superior a 5%, no podemos adelantar montos”, dijo.
Este año, el presupuesto general aprobado fue de 723 millones de pesos; a una parte de esta suma se harán los incrementos correspondientes, para ello el tribunal propuso una serie de programas a ejecutar durante 2018.
“Necesidades son muchas, estamos planteando [diversos] proyectos; pedimos un incremento con la realización de algunos programas como justicia laboral, mercantil, familiar; en cada uno pedimos un presupuesto específico”, comentó.
Respecto de la transición para conocer de la justicia laboral, explicó que sí solicitaron tener en cuenta los compromisos que deberán enfrentar, y que dependerán de una adecuación legal que aún no dicta la federación.
“Contemplamos la figura de ‘unidad laboral’ que está tratando el tema de la transición, estamos planteando en el presupuesto que pudiéramos requerir para la adecuación del servicio”, comentó.
La modificación constitucional federal determina que antes del 24 de febrero de 2018, los estados deberán tener listo su marco legal para comenzar la transición de la Secretaría del Trabajo al TSJ, pero son movimientos que no se pueden hacer hasta que la federación no dicte la ruta.
Datos de la Secretaría del Trabajo revelan que 2017 comenzó con 30 mil expedientes en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que requieren de un dictamen de resolución de conflictos entre patrón y empleado. Sin embargo, entre el desahogo de casos y el recibimiento de nuevos, los expedientes ahora son 38 mil; hasta que no sepan cómo operará el TSJ para impartir la justicia laboral, la Secretaría del Trabajo seguirá como responsable del tema.
