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El proceso para restituir al magistrado Eugenio Castellanos Malo como presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) está suspendido, ya que no hay solicitud de renovación del juicio. Así lo explicó el presidente de la Mesa Directiva en el Congreso local, Braulio Guerra Urbiola.
El priísta aseguró que “no ha habido orden de reponer el proceso. Simple y sencillamente está suspendido. No hay reposición del proceso, atendemos las disposiciones del juez, pero sí presentamos la queja ante el Consejo de la Judicatura y también presentaremos al tribunal colegiado el recurso de revisión”.
Guerra Urbiola aclaró que la petición del juez primero de distrito, Jesús Ortiz para que el diputado Juan Alvarado Navarrete, presidente de la Junta de Concertación, rindiera un informe sobre el caso, es irregular, por lo que presentarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una queja por esta situación.
“Es una circunstancia de la que nos quejamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente al juez en función. El diputado presidente de la Junta (Juan Alvarado), como autoridad responsable y como representante de la Cámara, no tiene esa responsabilidad. Me parece más bien que esto constituye una irregularidad, una anomalía más bien del juzgado de distrito”, detalló.
El presidente de la 57 Legislatura aclaró que no existe ninguna solicitud de reposición del proceso y que es importante que se aclare que la figura de representación la tiene la Mesa Directiva y no el presidente de la Junta de Concertación Política.
El proceso se encuentra suspendido desde el 11 de febrero, cuando el juez primero de distrito emitió un aviso a la 57 Legislatura donde les anuncia que, con base a un informe que el presidente de la Junta de Concertación Política, Juan Alvarado Navarrete, envió al juzgado, no se le dio la debida audiencia al magistrado Castellanos Malo.
El juez dictaminó que el proceso del 7 de febrero cuando el pleno del congreso local decidió la no ratificación del magistrado, quedaba suspendido.
Ante estas circunstancias, Braulio Guerra dijo que, en su momento se desahogará el caso, pero que no puede obligar a los diputados a cambiar el sentido de su voto.
En días pasados, el magistrado Eugenio Castellanos afirmó que la aprobación del dictamen de su no ratificación por parte de los diputados fue ilegal, por lo que pidió que se lleve a cabo un proceso imparcial.
“La decisión de aprobar ese dictamen fue una decisión que no está apegada a derecho, fue una decisión de orden jurídico”, afirmó Castellanos Malo en entrevista.
Además, aclaró que la solicitud hecha por los diputados locales, a la cual respondió por escrito, fue una comparecencia más no una audiencia.
El pasado 3 de octubre de 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que el magistrado del TCA fuera reincorporado en su puesto y se le diera la debida audiencia en la Cámara de Diputados del estado.
Sin embargo, el magistrado aseguró que la sesión del 7 de febrero de 2013, en donde los diputados aprobaron su no ratificación, demuestra una total falta de respeto a la SCJN, ya que no se llevó a cabo un proceso equitativo e imparcial.
