La Contraloría del Estado investiga a 97 ex funcionarios públicos que podrían estar involucrados en posibles casos de corrupción en diferentes dependencias de gobierno, informó el contralor Alejandro López Franco.
Sin brindar mayores detalles debido a que se encuentran bajo pesquisa, el contralor señaló que 16 de ellos podrían estar relacionados con una presunta manipulación y alteración de bases de datos en el cobro de algunos derechos y multas.
Las irregularidades que indaga la Contraloría del Estado son: la presunta venta ilegal de inmuebles propiedad del gobierno estatal, algunas jubilaciones que no reunían todos los elementos necesarios para ser válidas y una operación ilegal. Todo esto supondría daños al erario por más de 14 millones de pesos.
López Franco señaló que 11 ex funcionarios podrían estar involucrados en compras irregulares por 39 millones de pesos. Se detectó además la omisión en el cobro de algunos derechos, lo que significa la implicación de 20 ex servidores con un posible daño al erario de 640 millones de pesos.
El contralor añadió que existen otras 24 investigaciones en distintos rubros que suman 14.9 millones de pesos a resarcir en los que estarían involucrados 50 ex funcionarios.
“¿Por qué ahorita estamos sacando tanto? Acuérdense que un proceso de auditoría, desde que inicia hasta que concluye para dar vista al área jurídica, para que pueda iniciar el procedimiento tarda tres meses en realizarse, entonces, hemos ido avanzando en esos procesos”, indicó López Franco.
Reiteró que la mayor parte de las pesquisas que inició la Contraloría comenzaron a principios de junio y el término de las mismas puede tardar hasta un año ocho meses, “todo depende de los recursos que vayan poniendo las personas señaladas”.
Dijo que la intención de la Contraloría del Estado en estas investigaciones, es agilizar los trámites pendientes para deslindar responsabilidades, con pleno respeto a los derechos de los implicados en todas los casos.
López Franco resaltó que el inicio de dichas investigaciones no corresponde a una “cacería de brujas” y aseguró que sólo se trata de detectar las irregularidades que hayan existido en todas las dependencias durante la administración pasada, para deslindar responsabilidades y sancionarlas.
“Es bien importante que dejemos claro que no se trata de una cacería de brujas, simplemente se trata de identificar las responsabilidades”.