Juan Carlos Espinosa Larracoechea, secretario de Gobierno estatal, informó que desde hace “dos o tres años” se inició un proceso administrativo debido a que los inhibidores de señal celular que se colocaron en 2011 en los Ceresos presentaron fallas técnicas.
El marzo de 2011, el entonces oficial mayor de gobierno del estado, Manuel Pozo Cabrera, anunció una inversión de 13 millones de pesos para la colocación de 49 aparatos, a fin de bloquear toda señala celular y de radiocomunicación en las inmediaciones de los Centros de Reinserción Social.
Sin embargo, recientemente se dio cuenta que estos artefactos no funcionan. De acuerdo con el equipo de Recepción del gobernador electo, Francisco Domínguez Servién, está abierto un procedimiento en contra de la empresa proveedora por incumplimiento en el contrato.
De ello, el secretario de Gobierno reconoció que están a la espera de que esas fallas técnicas sean solventadas y que entonces la inversión cumpla con su objetivo.
“Está el procedimiento administrativo de por medio, existen algunas deficiencias que hay que solventar y lo tiene que hacer el proveedor; en efecto, se inició una serie de procedimientos administrativos para verificar que se cumpla con los requisitos.
“Lo que se busca es que dentro de ningún penal exista un aparato de telefonía celular que pudiera estarse activando; si no mal recuerdo, el procedimiento se inició hace dos o tres años y esperamos que quede en la brevedad”, afirmó.
El funcionario explicó que había una serie de elementos técnicos que se pidió cumplir a la empresa, todo ello con el fin de evitar el uso de celulares en el interior de los penales, y es que durante los años 2010 y 2011 se registró en el país un incremento del delito de extorsión, a través de llamadas que, en su mayoría, procedían de los penales.
“Se realizan una serie de pruebas por parte de la Dirección de Reinserción Social, a efecto de verificar que se cumpla con toda la normativa, entiendo que lo que se busca es que se cumpla con las especificaciones acordadas, si no cumplen esos aparatos tienen que ser arreglados”.
En cuanto al proceso de transición, el funcionario del gobierno estatal reiteró que se han hecho los trabajos necesarios para garantizar un cambio de administración trasparente.
“Estamos en un proceso continuo de reuniones con los responsables del equipo de transición, a efecto de poder brindarles todas las herramientas necesarias para que pueda darse esta transición de manera trasparente y lo más eficiente y eficaz”.
Entregan 10 armas. En entrevista, Espinosa Larracoechea también hizo alusión al programa de desarme que impulsaron conjuntamente con el Ejército, por lo que desde el pasado jueves 17 de septiembre tienen presencia en la delegación de Santa Rosa Jáuregui y en la presente semana estarán también en la comunidad de Santa María Magdalena.
“Tenemos hasta ahorita 10 armas que se han retirado hasta el día de hoy, el sábado eran siete, el fin de semana fueron entregadas tres: un par de rifles y una pistola, esperemos que siga la ciudadanía acudiendo a estos módulos que hemos aplicado. Al final de cuentas, la campaña que hace el Ejército mexicano es permanente”.