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Abigail Arredondo Ramos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano del ayuntamiento capitalino, señaló que hay –entre los pendientes- que aprobar de manera interna y posteriormente en sesión de Cabildo dos reglamentos que son: el ambiental y el de ordenamiento ecológico, a partir de los cuáles se espera poder controlar los cambios de uso de suelo e incrementar el número de las áreas naturales protegidas. Manifestó que este lunes se reunirían con grupos de ambientalistas para analizar el reglamento de ordenamiento ecológico, que ya estaba “a punto” de ser turnado por la administración pasada para su aprobación, sin embargo fue “frenado” por la falta de análisis en cuanto su aplicación y las normas que contiene. “Tenemos que comentarlo con varias instancias, varias dependencias que participen con este ordenamiento ecológico que saben que no sólo es llegar y decir que hay que proteger, sino también tener un plan de crecimiento a largo plazo”. Al momento hay en la entidad 21 mil 93 áreas protegidas, en las que se encuentran el Parque Nacional Cimatario, el Parque Nacional Cerro de las Campanas, El Tángano, Zona Occidente de Microcuencas y el Parque microurbano Cañada-Juriquilla. Arredondo Ramos comentó que acatará la instrucción del presidente municipal, Roberto Loyola Vera quien señaló que se tendrá que trabajar no sólo en el crecimiento del municipio de Querétaro sino en toda el área metropolitana, donde se agrega el municipio de Corregidora, El Marqués y Huimilpan. “Este plan ecológico no solamente es del municipio de Querétaro sino ya contempla las zonas que se pueden urbanizar y las que no, que son áreas naturales protegidas de la zona metropolitana de este estado” y así preservar las áreas naturales protegidas. Al respecto Abigail Ramos, indicó que se está previendo con el reglamento de ordenamiento ecológico todo lo que afecta y tiene que ver con el Querétaro y con los otros 3 municipios, además de ambientalistas para mantener un equilibrio y trabajar en lo “real”. “La cuestión es que desde cómo construir, hacia violar todas las áreas naturales no están bien marcadas en el reglamento y se está haciendo un análisis también para proponer en algunas semanas un cambio en este reglamento”. Como ejemplo dijo que está el caso de la Solana o (Peña Colorada) que es un claro ejemplo de que las cosas no se hacen bien, donde se dieron los permisos para la construcción y a los pocos meses se rechazó dicho permiso por estar señalada como área protegida. Este caso refiere a 32 hectáreas del predio ex hacienda La Solana en Peña Colorada, que pretenden transformarse en viviendas y zonas comerciales. El pasado 2 de abril, el Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro (TSJ), resolvió que se debe dejar sin efecto la autorización otorgada en junio de 2011 para modificar el uso de 32 hectáreas del predio ex hacienda La Solana, que antes era de preservación ecológica y ahora sería de uso comercial y habitacional con hasta 300 habitantes por hectárea. Un día después, el municipio interpuso una impugnación para evitar esta revocación. El asunto pretendía resolverse desde mayo, sin embargo, en el mes de julio el presidente del TSJ, Jorge Herrera Solorio, informó que el recurso interpuesto por el municipio continúa en tránsito. En el mes de septiembre, Herrera Solorio, informó que 5 del mismo mes en sesión ordinaria, los magistrados ratificaron el fallo que mandató al municipio de Querétaro revocar el cambio de uso de suelo en Peña Colorada. “El día miércoles que sesionamos efectivamente se resolvió y se confirmó lo que resolvió la sala constitucional de declarar inválido el acuerdo”, reveló el magistrado. Indicó que ya se habían iniciado los trámites para la notificación correspondiente al municipio de Querétaro, quien todavía puede ampararse o inconformarse en las instancias correspondiente, adicionalmente a la controversia constitucional que ha interpuesto en instancias federales.
