La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitirá un informe especial a la Secretaría de Gobierno del estado, a fin de que se instruya a la Contraloría estatal para aplicar la ley de responsabilidades de los servidores públicos en contra del director del Centro Preventivo y de Ejecución de Sanciones Penales Varonil (Cepesp) de San José El Alto, Joaquín Ruelas Rivera y personal del penal.
El ombudsman Miguel Nava Alvarado detalló que Ruelas Rivera ha tenido conductas evasivas ante las dos recomendaciones que emitió el organismo en los expedientes de 2010 y 2011.
El informe especial va dirigido al secretario de Gobierno Jorge López Portillo, para que instruya al secretario de la Contraloría a que inicie un procedimiento en contra de los funcionarios del Cepesp o mejor conocido como Cereso, por las medidas preventivas y de seguridad en contra de los quejosos, así como por la conducta del director.
Explicó que las quejas que llegaron a la CEDH son por la violación a las garantías individuales de tres internos.
La primera de ellas corresponde al día 20 de agosto de 2010, cuando la comisión radicó el expediente 1544/2010 con base a una queja interpuesta por dos internos del Cereso quienes manifestaron haber sido cambiados de módulo sin que se les hubiese realizado consejo técnico, al cual deben someterse antes de tomar está medida dentro del penal.
La segunda recomendación salió el 2 de septiembre de 2011, cuando el expediente 1898/2011 se radicó por la queja promovida por un tercer interno quien dijo se le restringieron las visita.
Derivado de estas situaciones la CEDH recomendó en ambas ocasiones al director del Cereso, Joaquín Ruelas Rivera, que iniciará las investigaciones administrativas y el procedimiento en contra de los servidores que habían cometido dichas acciones; sin embargo, este hizo caso omiso.
“Nosotros al ver todo ese entorpecimiento que se le está dando al esquema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos es que acudimos a emitir este informe especial a la Secretaría de Gobierno para efecto de que tome las medidas pertinentes, porque estas conductas no se pueden tolerar”, asentó Nava Alvarado.
Dijo que si bien la conducta de los internos es reprochable y fue sancionada por la autoridad competente, también son sujetos de derechos humanos y si van hacer sancionados, debe hacerse con estricto apego a derecho. El ombudsman señaló que los nombres de los internos y los delitos deben reservarse para proteger su integridad.
Nava Alvarado destacó que primero se cambio a los internos de módulo y se le privó al otro interno de sus visitas y después sesionó el consejo técnico para avalar los hechos, lo que esta mal.
“Hay servidores públicos que no saben el impacto de lo que es la defensa y promoción de los derechos humano, muchas veces es por negligencia y otros por ignorancia, en este caso quiero pensar que es por ignorancia”, dijo
Asentó que la comisión puede emitir un informe especial a las autoridades y servidores que deban colaborar en la investigación.