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Alrededor de 4 mil 662 juicios están pendientes de resolver en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, informó Ignacio Aguilar Ramírez, magistrado presidente, quien afirmó que la mayoría de los casos se suscitan en las demarcaciones de El Marqués, San Juan del Río y Querétaro.
De acuerdo con Aguilar Ramírez, 80% de estos juicios obedecen a demandas de despido injustificado por parte de los trabajadores. No obstante, subrayó que la mayoría de los juicios que enfrentan los municipios llegan a solucionarse por medio de convenios entre los patrones y los empleados.
Sin embargo, el magistrado presidente también reconoció que el municipio de Cadereyta de Montes, al contrario de las demarcaciones metropolitanas, no ha logrado resolver la mayoría de los procedimientos jurídicos iniciados en su contra, debido a que advirtió, no cuenta con el recurso suficiente para hacerle frente al pasivo laboral.
“La gran diferencia entre estos tres municipios y Cadereyta es que estas tres demarcaciones tienen un alto índice de arreglo. Por ejemplo, el municipio de Querétaro tiene muchos procedimientos iniciados, muchísimos, pero la gran mayoría más de 90% lo han resuelto por medio de convenio (…) No creo que sea por falta de voluntad del municipio (Cadereyta) sino más bien, creo que no cuentan con el recurso suficiente para hacer frente al pasivo laboral, que se heredó de otras administraciones”, explicó.
Aunque precisó que es difícil establecer una cantidad específica del monto de adeudo que mantienen los municipios por este tema, dijo que en el caso de Cadereyta la antigüedad en los expedientes data desde 2012, fecha en la que Rodrigo Mejía Hernández, encabezaba la administración municipal.
León Enrique Bolaño Mendoza, actual edil de Cadereyta, mencionó que en agosto, el municipio sostenía un adeudo de 80 millones de pesos, de los cuales 6 debían de pagarse a los trabajadores. Según el alcalde, este adeudo se contrajo de enero a septiembre de 2015, durante la gestión de Mejía Hernández, quien también fue acusado de “autoprestarse” cerca de un millón y medio de pesos proveniente de las arcas públicas según la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE).
El magistrado presidente agregó que los municipios de Colón y Tequisquiapan contaban al inicio de la administración, con un gran número de pasi vos laboral, no obstante, en los últimos meses realizaron convenios con los trabajadores y con ello evitaron un endeudamiento por juicios laborales.
En este sentido, consideró que las administraciones deberán de darle la atención debida a los procedimientos jurídicos que van en las etapas avanzadas y están a punto de desahogarse, además de que se deberán de asesorar con profesionales en materia para evitar incumplir con los derechos de los empleados.
“Al separar a un trabajador injustificadamente de su empleo, es evidente que tendrán que indemnizarlo y si cumplen con ese requisito tan sencillo, se evitarían demandas y demás situaciones (…) Si en un momento deben de separar al trabajador porque éste ha incurrido en una causal de recesión, que sigan el procedimiento adecuado también, para que lo hagan conforme lo marca la ley”, sostuvo.
