El 21 de febrero, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) renovará dirigencia y dará paso a la presidencia del empresario Alejandro Cabrera Singler. Por lo que explicó que encabeza la única planilla que está registrada, como parte de un acuerdo que denota unidad entre los agremiados. Entrando en sustitución de Abraham González Martell. “La fecha es el 21 de febrero, es la asamblea general ordinaria donde se hace el cambio. Somos planilla única, logramos la unidad con todos los socios, platicamos con todos, hicimos trabajo, recogimos todas sus ideas y todas sus impresiones”, destacó Alejandro Cabrera Singler. En cuanto a objetivos, en 2012 se espera incrementar la obra pública licitada a favor de constructores queretanos, es decir, para los 220 agremiados y avanzar en cubrir las deudas que tienen los municipios con los constructores. Estas deudas que explicó, no han impactado de forma fuerte al gremio en el aspecto colectivo. Pero sí lo ha hecho de manera individual, ya que los constructores a los que se adeuda han frenado proyectos o reinversión. Sin embargo, con el acuerdo anunciado recientemente por Abraham González Martell, se prevé recuperar estos recursos, que ascienden a una deuda total de 50 millones de pesos. Dicho acuerdo se hizo con los municipios de El Marqués y Corregidora, quienes iniciarán a pagar en el mes de febrero. “Queremos tener una oportunidad real de hacer obra, es importante para nosotros hacer propuesta con las cuestiones metropolitanas, queremos hacer propuestas para ley de obra pública; hay algunas actividades que tenemos para que tengan mayor oportunidad de trabajar”. Con el anuncio del Instituto Metropolitano, esperan incremente la obra al dar prioridad a acciones de urbanización. Se conjunta con los anuncios de inversión por parte de autoridades en el ámbito estatal y federal, dijo, dan esperanzas para crecer este año y alcanzar la meta planteada de 6% de crecimiento contra los 4.7% de 2012. Reafirmó que 2013 será un año de consolidación, luego de no obtener los resultados deseados en 2012 cuando hubo proceso electoral, lo que obligó a las entidades gubernamentales frenar contratos de obra y otras acciones sociales.