El diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, Alejandro Cano Alcalá explicó que si las trabajadoras sexuales desean poseer seguro social deberán realizar personalmente sus aportaciones, o bien, acceder al seguro popular.
Esto luego de que minimizó la solicitud de una organización que integra a trabajadoras sexuales respecto a la necesidad de que cuenten con derechos laborales como la mayoría de los empleados.
El legislador panista comentó que al no tener un patrón, las personas que se dedican a este oficio no pueden exigir tener los derechos laborales como los que los empleados de una empresa pudieran tener ya que no cuentan con un contrato que avale su actividad.
Hace algunos días la orgnización ‘Retrasex’, entregó una solicitud a la Presidencia de la República para que se legisle a fin de que sexoservidores tengan los mismos beneficios que los trabajadores contratados por una empresa.
Ante esta propuesta, el legislador de Acción Nacional explicó que estas prestaciones se adquieren en un empleo formal, por lo que se tendría que analizar el caso estas personas para ver de quién son empleadas y que sea a su jefe a quien le exijan estos derechos.
“Sabemos que la gente que trabaja por su propia cuenta, se hace responsable en cuanto a sus prestaciones como trabajadores, una persona que trabaja por honorarios puede ir al Seguro Social y pedir afiliarse de manera voluntaria”.
Cano Alcalá detalló que la Ley del Trabajo no reconoce a las personas que se dedican a este oficio; además de que comentó que este tema no será tocado a nivel local en su comisión.
“Sus prestaciones laborales se hace cargo el propio profesionista como tal, pero quien trabaja para un patrón, el patrón está obligado a darle las prestaciones que marca la ley, si las sexoservidoras tienen algún patrón pues es quien tendría que hacerse cargo de sus prestaciones laborales”, señaló.
El diputado panista dijo que viendo el tema desde una perspectiva humanista habría que tratar de salvaguardar la integridad de todas las personas, en este caso a las sexoservidoras y sus familias, sin embargo el estado nos les niega la afiliación al Seguro Popular o el derecho a la educación.