Para que avance la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de despenalizar el uso de la marihuana, aumentar de 5 a 28 gramos la portación personal, así como autorizar su uso médico y científico, se necesita que haya instituciones fortalecidas en materia de transparencia para evitar la corrupción, aseveró el secretario de gobierno, Juan Martín Granados Torres.
“En una reforma de este tipo, el principal reto es que haya instituciones muy fuertes, que las fortalezas institucionales estén sometidas a las mejores capacidades en términos de transparencia y de cuidar el tema de la corrupción, es decir, la regulación de cualquier conducta, de cualquier comportamiento, forzosa y necesariamente exige el fortalecimiento de las instituciones”.
Puntualizó que esta propuesta que el Ejecutivo federal envió la semana pasada al Senado de la República, no significa que se esté buscando la legalización de dicha droga, ya que subrayó que despenalizar no significa legalizar. “Hay que entender con mucha claridad que se trata de una propuesta que está despenalizando ciertas conductas que hoy se sancionan. Despenalizar no significa legalizar; una cosa es que se despenalice cierto comportamiento y otra cosa es que este comportamiento se haga absoluta y plenamente lícito”.
Explicó que la propuesta tendrá que ser analizada y estudiada por varias entidades para determinar si es viable o no, entre ellas, la Secretaría de Salud, que tendría que emitir un dictamen al respecto para establecer requerimientos necesarios que puedan considerar un comportamiento lícito.
Granados Torres destacó la posibilidad, en caso de que avance dicha propuesta, de que pueda ser retroactiva en beneficio de las personas que se encuentran purgando penas desproporcionadas por un consumo de marihuana en pequeñas dosis.
“Es posible y me atrevo a pensar así, que sí se dará algún tipo de efecto retroactivo dado que se trata de una norma que beneficia a las personas que antes eran sancionadas y que hoy con estas nuevas disposiciones obtienen un beneficio”, puntualizó.