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En caso de resultar culpable del delito de enriquecimiento ilícito que se le imputa al exvocero estatal Abel Magaña Álvarez, éste podría alcanzar una penalidad que va de tres a 10 años de prisión, aseguró el fiscal anticorrupción Benjamín Vargas Salazar.
Además, estimó que en octubre próximo el juez deberá emitir la sentencia sobre el caso, del cual no se reveló a cuánto asciende el monto del daño y tampoco se precisó la cantidad que el imputado depositó como fianza para enfrentar el proceso en libertad.
En conferencia de prensa, Vargas Salazar subrayó que el juez decreto medidas que garantizan que Magaña Álvarez no abandonará el país, y detalló que hasta el momento no le han asegurado bienes y tampoco congelado cuentas bancarias.
Negó que la fiscalía anticorrupción haya recibido presiones políticas para solicitar una orden de aprehensión en contra de Magaña Álvarez: “Es un asunto técnico-jurídico; hay datos de prueba y se llevan ante un juez”.
El fiscal precisó que el imputado se encuentra actualmente vinculado a proceso y detalló que el juez decretó un plazo de tres meses para realizar la investigación complementaria.
“En ese tiempo se estarán llevando diligencias y también recabando más medios de prueba”, por lo que se prevé que se emita una sentencia hasta el próximo mes de octubre.
Subrayó que el juez decretó medidas cautelares que garantizan que el imputado no se va sustraer de la acción de la justicia y aseguró que tampoco podrá salir del país.
Precisó que el imputado enfrentará el proceso en libertad, luego de que depositó una fianza, de la cual no precisó la cantidad: “No quiero dar el monto que depositó; no tiene nada que ver con la reparación del daño, es un dato que está en proceso y necesito reservar”.
Desconoce montos.
El fiscal dijo que no se puede dar a conocer el monto del daño por el cual se le acusa a Magaña: “Los tres meses de investigación complementaría nos permitiría determinar con exactitud cuál es ese monto y también si se configurará algún otro delito o si habría la participación de alguna otra persona… claro que hay una cantidad considerable, pero se puede mover de acuerdo a los datos de la investigación que se realiza”.
El delito por el que se le acusa a Magaña Álvarez contempla sanciones que van de 3 a 10 años de prisión, aunque refirió que si el imputado se declara culpable, su penalidad podría reducirse: “Existe el procedimiento abreviado, que es aceptar la culpabilidad, lo que le daría una sanción menor”.
Reconoció que conforme avance la investigación se puede llamar a declarar a otros funcionarios estatales, sin embargo, no precisó si el ex gobernador José Calzada Rovirosa —actual titular de la Sagarpa— podría también ser citado a comparecer ante la fiscalía anticorrupción: “Las investigaciones nos permitirán saber con precisión a quién solicitar, de momento yo no puedo hacer un pronunciamiento y adelantar algo que todavía no existe; estamos en el análisis y en su momento lo vamos a tener que definir”.
