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La asociación civil Locallis, que integra a especialistas en desarrollo local, entregó a diputados de la 57 Legislatura del estado una agenda de transparencia y rendición de cuentas para trabajar en conjunto.
El objetivo de dicha agenda es que los legisladores prioricen la transparencia en el Congreso local para que la ciudadanía pueda acceder a la información sobre sus representantes de manera clara.
En septiembre de 2012, Locallis dio a conocer el resultado de su segunda medición de transparencia al Poder Legislativo de Querétaro y arrojó un resultado de cumplimiento de 15.8% sobre una base de 100%, con lo que su calificación bajó aún más respecto a la que consiguió en 2011, cuando obtuvo un 35.4%. Ese resultado, refiere Locallis, significó un retroceso en el que la información disponible en la página oficial del legislativo local es precaria y, en ocasiones, imprecisa y errónea.
“La opacidad legislativa en Querétaro no es una suposición, sino una realidad institucional y, por ello es que, aprovechando el contexto de una legislatura que apenas inicia, lo exhortamos a construir de forma conjunta una agenda interna de transparencia a cuyo cumplimiento se comprometan públicamente los 25 diputados para que, precisamente, la transparencia constituya el principal diferenciador de esta legislatura respecto a las anteriores”, señaló Locallis.
Dentro del documento entregado por la asociación a los coordinadores de los seis grupos y fracciones legislativas de la 57 Legislatura se tratan aspectos como un reglamento de transparencia y acceso a la información, donde se busca hacer eficiente la manera en la que el ciudadano indaga en el tema.
En transparencia focalizada se buscaría evitar la opacidad y el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información en temas específicos que son de importancia particular y de interés para la ciudadanía.
Otro de los puntos que se recomienda a tratar es el fortalecimiento de capacidades de la Unidad de Información Gubernamental (UIG) donde se detalla que resulta fundamental que la UIG, no sólo cuente con recursos humanos, materiales y financieros suficientes para realizar su labor, sino con el respaldo normativo y administrativo para obligar a las distintas dependencias, áreas y unidades administrativas a entregar información en tiempos adecuados y accionar en contra de los servidores públicos que se nieguen a cumplir con ello.
Para ello se plantea que algunos de los elementos necesarios para dicho fortalecimiento comprenden cuatro ejes esenciales entre los que está modificar su ubicación administrativa en el organigrama del Poder Legislativo para asegurar su autonomía técnica y de gestión; así como establecer mecanismos institucionales que den autoridad suficiente al titular de la UIG para que sus requerimientos de información pública sean atendidos por parte de los depositarios de la información, sin dilación alguna.
