El ómbudsman queretano, Miguel Nava Alvarado presentará, en próximos meses, una iniciativa de ley en materia de derechos humanos para modernizar el marco legal para que sea efectiva la protección a los agraviados.
Dentro del marco de su informe frente a los diputados del Congreso local, el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) enfatizó la importancia de cumplir los llamados que se realizan a las dependencias.
La propuesta, dijo, tendrá la intención de obligar la reparación de daños al afectado, así como la sanción al señalado y que no sólo quede en recomendación.
“Cuando emitimos una recomendación lo que se busca es que las personas sean restablecidos en sus derechos humanos y en el pago que debe hacer el Estado, pero al paso del tiempo nos damos cuenta que aunque la acepte la autoridad no pagan o no cumplen”, explicó Nava Alvarado.
En cuanto a su trabajo en 2013, el ombudsman informó que recibieron 554 quejas, lo que representó un incremento de 40% en comparación con el año anterior, esto debido a la difusión y la confianza de la ciudadanía para este organismo.
De las dependencias más señaladas y acusadas son: en primer lugar la Procuraduría General de Justicia; en segundo, la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado (USEBEQ); y en tercero la Policía Municipal de Querétaro, detalló.
Entre los hechos en los que más incurren son: el ejercicio indebido de la función pública, detención arbitraria y negativa o inadecuada prestación de servicios públicos de educación y salud.
Asimismo, informó que enviaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 62 quejas para su investigación y seguimiento relacionadas con autoridades federales.
La DDHQ emitió, en 2013, ocho recomendaciones y un informe especial: La primera por maltrato físico a alumnos por un maestro de la primaria Nicolás Campa; la segunda por falta de supervisión en el Centro de Internamiento para Menores que detonó en un suicido; la otra por un menor lesionado por un arma de un policía de El Marqués.
La cuarta a la Universidad Autónoma de Querétaro por la mala realización de convocatorias al bachillerato; la quinta por falta de supervisión en la cárcel municipal de San Juan del Río que derivó en otro suicidio.
La sexta sobre por un incidente en El Marqués donde un policía disparó a un ciudadano y murió; por el personal del Hospital General de San Juan del Río que provocaron un daño neurológico a una recién nacida y falleció; por último, a la PGJ por una detención de un menor.