Las nuevas leyes en materia de seguridad y justicia representan un hecho histórico para Querétaro, ya que se armoniza con la reforma constitucional a nivel federal, indicó el secretario de Gobierno estatal, Juan Martín Granados Torres, luego de que se diera la aprobación de estas normas por parte del Congreso Local, así como el nombramiento del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.
“Representan un momento histórico en el Estado de derecho de Querétaro, toda vez que este paquete de leyes nuevas, en primer lugar, guarda una absoluta identidad con la Constitución federal, en términos de lo que es el Sistema de Seguridad y de Justicia que desde el año 2008 se ordenó por la reforma constitucional y que de una o de otra manera no se había acatado de una forma exacta y completa en el estado”, dijo.
Consideró que el Congreso en el estado destacó la experiencia y la capacidad mostrada por Alejandro Echeverría durante su trayectoria, especialmente durante sus meses al frente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que fuera considerado para ser el titular de la nueva Fiscalía General del estado.
“El procurador de justicia ha demostrado cabalmente con hechos que tiene capacidad, autoridad moral, una visión respecto de lo que es el nuevo modelo de justicia. Alejandro Echeverría ha demostrado en todos estos meses que ha resuelto los asuntos más delicados y más complicados y que ha tenido una buena gestión administrativa al frente de la procuración de justicia. Creo que esto valió mucho para que en su soberanía, la legislatura del Estado evaluara a los tres candidatos”, destacó.
Afirmó que ser fiscal implica tener una visión progresista de la impartición de justicia, materia en la que lo más importante de su labor diaria será dar una adecuada atención a las víctimas y garantizar la reparación del daño. Añadió que el fiscal, en este nuevo diseño, deberá ser en todo momento defensor de las víctimas de cualquier delito o de cualquier violación de los derechos humanos.
Por otra parte, el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, destacó que en este nuevo marco jurídico, el fiscal General sólo podrá acusar a una persona si tiene evidencias, las cuales deberán estar debidamente acreditadas ante un juez.
“Gracias al debido proceso, sólo las pruebas tienen valor y se desahogan ante un juez. Ahora el Ministerio Público tiene la obligación de probarle al juez, delante del acusado, que estará asistido por su defensor”, dijo.