El gasto y la fiscalización son temas que deberá contemplar la ley reglamentaria para la implementación de candidaturas ciudadanas, y será el 10 de agosto cuando la legislatura local deba aprobar esta normatividad, informó el diputado local Marco Antonio León Hernández.
Dentro de la reforma a la Constitución Política del Estado en su artículo séptimo, se da pauta para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a ser candidatos independientes, sin embargo, es necesario complementar ésta reforma con un reglamento.
“Dice en su artículo siete que los ciudadanos ejercen sus derechos políticos a través de sus partidos políticos, con esta palabra ‘a través’, impide que el ciudadano por sí mismo pueda ejercer sus derechos políticos, de tal suerte que le vamos a quitar eso para que el ciudadano pueda ejercer sus derechos políticos por dos vías, uno por el partido político y otro por sí mismo”, dijo el también presidente de la comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso local.
Entre los considerandos, se expone en la iniciativa de ley que las candidaturas independientes son una vía de participación de los ciudadanos en asuntos públicos en un régimen democrático y la apertura en esta materia significa un avance en la construcción de la democracia.
Al limitar el acceso a los ciudadanos al ejercicio del poder sólo a través de los partidos políticos, atenta contra el ideal democrático participativo, la soberanía popular y puede transgredir el derecho, también reconocido en la Carta Magna a la libertad de asociación y participación política.
Dentro de la iniciativa de ley considera que el reconocimiento de las candidaturas independientes a los partidos políticos contribuirá al fortalecimiento de la vida democrática de México y abonará en mejorar la relación de los partidos con los electores, equilibrando las relaciones entre poderes y de éstos con los ciudadanos, aun cuando esto implica un enorme reto para diseñarse en la legislación secundaria, debiendo ser armónica con los principios rectores de la función estatal electoral, al financiamiento, prerrogativas, su acceso a los medios de comunicación y, necesariamente a la rendición de cuentas de los recursos públicos que se destinen a la modalidad de estas candidaturas.
“Sí hay inequidad, eso es lo que vamos a discutir, esa es una parte delicada porque si nosotros no cuidamos los requisitos, si ponemos requisitos muy altos, vamos a hacer nugatorias las candidaturas ciudadanas, por ejemplo, si ponemos un porcentaje de aval de ciudadanos muy alto, no lo va a poder cumplir ningún ciudadano, aunque lo establezca a norma o la ley reglamentaria en los hechos no va a ser posible”, destacó.