Por primera vez sesionó el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y con ello quedó instalada la institución que estará encargada de investigar y castigar los casos de corrupción en el estado.
La conformación de esta comisión convierte a Querétaro en el primer estado en cumplir con el mandato constitucional hecho en 2016.
La ceremonia de instalación de este organismo se celebró en el Teatro de la República y fue atestiguada por el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien afirmó que con esta acción “se garantiza un combate frontal a los actos de corrupción en los ámbitos gubernamentales, pero también en la sociedad”.
“Querétaro se convierte en el primer estado de la República en instalar en su totalidad su sistema estatal anticorrupción; somos los primeros porque aquí hay voluntad, porque se toman en serio las cosas que le importan a nuestra gente, más allá del discurso... con hechos. Querétaro es referente en la lucha contra la corrupción”, afirmó el mandatario.
El Comité Coordinador está presidido por Pablo Reynoso Mendoza, quien es el representante ciudadano; este comité también está conformado por Rafael Castillo Vandenpeereboom, titular de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE); Alfonso Chávez Fierro, secretario de la contraloría del estado; Javier Rascado, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado; así como por José Landeros Arteaga, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado; un representante del Consejo de la Judicatura del estado, y de Benjamín Vargas Salazar, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
Este grupo tiene como responsabilidad principal el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas para el combate a la corrupción en concordancia con el sistema nacional; el gran objetivo, expresó Pablo Reynoso, es dignificar la función pública y recobrar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Afirmó que “el fenómeno de la corrupción es un problema de todos: de los gobiernos, de la iniciativa privada, de los empresarios, de las escuelas, padres de familia; pero sobre todo es un problema de personas; [queremos] invitar a la ciudadanía a ocuparse en lugar de preocuparse, a proponer acciones en su lugar de trabajo, en su escuela, en su familia, a hacer lo correcto, este es un estado de gente buena y tenemos que demostrarlo”.
El 18 de julio de 2016 se publicó la Ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, que determinó un plazo de un año para que cada entidad conformara sus sistemas estatales (SEA), por lo que el 21 de diciembre de 2016 en Querétaro se publicó la reforma a la constitución del estado.
Para el 6 de abril se aprobaron las leyes del SEA, la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para crear la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la ley de fiscalización superior y rendición de cuentas, la ley orgánica del Tribunal e Justicia Administrativa, la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Posteriormente se emitieron convocatorias que llevaron a la elección del primer fiscal anticorrupción, Benjamín Vargas, y a dos magistrados: Lorena Montes Hernández y José Landeros Arteaga, que se suman al trabajo con Fabiola Mondragón Yáñez; también se conformó un Comité de Elección de nueve ciudadanos, quienes fueron los encargados de elegir al Comité de Participación Ciudadana.
El grupo ciudadano también cuenta con la participación de Darío Malpica Basurto, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro (con vigencia en el cargo de dos años); Jorge Sánchez Martínez (por tres años), Abel Baca Atala (cuatro años) y Héctor Manuel Rivadeneyra Díaz (cinco años).